Verónica Villalobos Valenzuela, exempleada del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), denunció que permanece despedida desde febrero de 2024 y que, pese a contar con una resolución federal favorable, no ha podido concretarse su reinstalación.

Villalobos explicó que el pasado 9 de septiembre acudió al Instituto de Cultura acompañada de su abogado y de una notificadora para hacer efectiva la resolución judicial. Sin embargo, señaló que el representante del organismo manifestó que actualmente no existen condiciones para reincorporarla a su puesto.

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La trabajadora aseguró que solicitó por escrito conocer cuáles son esas condiciones y las razones por las que no puede ser reinstalada, pero afirmó que hasta ahora no ha recibido una explicación que, desde su perspectiva, justifique el incumplimiento de la resolución.

Villalobos señaló que antes de recurrir a los tribunales federales buscó la intervención del gobernador, del Tribunal Superior de Justicia y de otras autoridades estatales, pero aseguró que no obtuvo respuesta a su situación.

Acusa represalia por conflicto familiar

La denunciante atribuyó su despido a una presunta represalia relacionada con un conflicto familiar con María del Carmen Villalobos Valenzuela, quien en su momento encabezó el Sindicato de los Tres Poderes y es hermana de la trabajadora.

Según su versión, después del conflicto comenzó a enfrentar acciones que considera una forma de persecución y represión sindical. Afirmó que cuenta con documentación para sustentar sus señalamientos y que actualmente busca que las autoridades revisen su caso a partir de la resolución federal.

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Villalobos también señaló que su hija fue despedida del Tribunal Superior de Justicia el 22 de febrero de 2024, semanas después de su propia separación del ICED, y pidió que su situación también sea revisada.

Durante su denuncia, además, hizo señalamientos sobre familiares de la exdirigente sindical que, según afirmó, mantienen puestos en el Congreso del Estado pese a no acudir a trabajar y continúan percibiendo su salario.

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La trabajadora no proporcionó públicamente los nombres de las personas a las que se refirió y solicitó que el órgano interno de control del Congreso revise las condiciones bajo las cuales permanecen sus plazas y determine si existe alguna irregularidad.

Villalobos pidió nuevamente la intervención del gobernador y del presidente del Tribunal Superior de Justicia para revisar su caso y determinar por qué no se ha concretado su reinstalación, al considerar que existe una resolución federal que debe cumplirse.