La muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango ha generado consternación entre sus familias y preocupación en distintos sectores de la sociedad, particularmente luego de que se confirmara la presencia de una bacteria en cuatro de los menores. Sin embargo, las autoridades aún investigan si existe una relación directa entre el microorganismo y los fallecimientos.

El caso también ha reavivado entre algunos duranguenses el recuerdo de la crisis por meningitis registrada en el estado, que dejó decenas de personas fallecidas y derivó en investigaciones y procesos judiciales. No obstante, se trata de hechos distintos y, hasta el momento, no existe información que establezca una relación entre ambos casos.

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En medio de este escenario, los padres de los bebés fallecidos sostuvieron una reunión con abogados que darán seguimiento jurídico al caso. Entre ellos se encuentra el presidente del Colegio Mexicano de la Barra de Abogados en Durango, quien asumió parte de la representación y el acompañamiento legal de las familias.

Uno de los padres, quien también funge como vocero de las familias, cuestionó la versión con la que se les habría explicado el fallecimiento de su hijo. De acuerdo con su testimonio, inicialmente se les informó que el menor había presentado un paro respiratorio, pero considera que existen elementos que deben ser investigados a profundidad.

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El padre calificó lo ocurrido como una “catástrofe” y sostuvo que el problema no puede reducirse únicamente a la investigación relacionada con una bacteria. También cuestionó el manejo de la información durante las primeras horas del caso y pidió a las autoridades esclarecer qué ocurrió con cada uno de los recién nacidos.

Su postura, explicó, también busca que la sociedad conozca la situación que enfrentan las familias y que exista empatía ante la pérdida de sus hijos.

Por su parte, el representante legal señaló que existen diversas líneas de investigación abiertas, por lo que, en esta etapa, sería prematuro establecer responsabilidades o determinar una causa definitiva para los fallecimientos.

El abogado también cuestionó algunas actuaciones realizadas dentro de las instalaciones hospitalarias antes de que otras autoridades pudieran intervenir en la revisión de las condiciones del lugar. Según su planteamiento, estos aspectos deberán formar parte de las investigaciones para determinar si se alteraron elementos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

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Otro de los puntos que genera diferencias es el manejo de la información. Mientras los familiares cuestionan las versiones difundidas por el IMSS, el equipo jurídico anticipó que buscará que la investigación no se limite al ámbito sanitario.

La intención, explicó, es presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y recurrir a las instancias legales que correspondan para determinar si existieron responsabilidades administrativas, médicas o de cualquier otra naturaleza.

Hasta ahora, las acusaciones planteadas por los familiares y sus representantes forman parte de las líneas que deberán ser corroboradas por las autoridades competentes. La investigación tendrá que determinar qué ocurrió con los cinco recién nacidos, cuál fue la causa de sus fallecimientos y si existe alguna relación entre los casos.

Mientras tanto, detrás de las investigaciones y los procedimientos legales permanecen cinco familias que enfrentan la pérdida de sus hijos y que ahora buscan respuestas sobre lo ocurrido dentro de una institución a la que acudieron en busca de atención médica y seguridad para sus recién nacidos.

La crisis de meningitis que marcó a Durango

La referencia a la meningitis no es menor para Durango. Hace casi cuatro años, el estado enfrentó uno de los episodios sanitarios más graves de su historia reciente, después de que pacientes que habían sido sometidas principalmente a procedimientos gineco-obstétricos comenzaran a presentar síntomas de meningitis micótica.

El 1 de noviembre de 2022, las autoridades informaron públicamente sobre los primeros casos y la primera defunción relacionada con el brote. En las semanas siguientes, el número de pacientes aumentó y las investigaciones se concentraron en cuatro hospitales privados de la ciudad de Durango: Hospital del Parque, San Carlos, Dickava y Santé.

Las investigaciones sanitarias determinaron posteriormente que el brote estaba relacionado con el hongo Fusarium solani. Las autoridades enfocaron parte de las indagatorias en los procedimientos de anestesia neuroaxial y en los medicamentos utilizados durante las intervenciones quirúrgicas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analizó lotes de medicamentos y realizó verificaciones en los hospitales involucrados.

Uno de los momentos que dimensionó la magnitud de la emergencia ocurrió en diciembre de 2022, cuando las autoridades estimaron que alrededor de mil 800 personas podían haber estado expuestas debido a procedimientos realizados en los hospitales señalados. Los pacientes fueron incorporados a un esquema de vigilancia médica para detectar oportunamente posibles casos.

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Con el paso de los meses, la cifra de casos continuó aumentando. El corte oficial citado en octubre de 2023 estableció 80 casos de meningitis, 31 de ellos positivos a Fusarium solani, mientras que 41 personas habían fallecido y 39 habían sido dadas de alta.

Detrás de esas cifras quedaron familias afectadas, mujeres que perdieron la vida después de procedimientos médicos, sobrevivientes con secuelas y menores que quedaron en la orfandad. La contingencia obligó a las autoridades estatales y federales a desplegar atención médica, seguimiento epidemiológico y acompañamiento jurídico para las víctimas.

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¿Qué ha pasado con la investigación?

El caso no terminó con la emergencia sanitaria. La investigación penal continuó durante los años siguientes y llegó a los tribunales.

El 30 de septiembre de 2025, un tribunal emitió una primera sentencia contra Sandra Idanes “N” y David Erasmo “N”, a quienes encontró penalmente responsables del delito de homicidio simple intencional en comisión por omisión, en dos casos relacionados con pacientes afectadas por la meningitis. A ambos se les impuso una condena conjunta de 24 años de prisión, además de una multa y el pago de la reparación del daño.

Posteriormente, el 13 de mayo de 2026, se dictó una segunda sentencia contra ambos por otros dos homicidios relacionados con pacientes que habían ingresado a un hospital privado para someterse a procedimientos de cesárea y posteriormente desarrollaron meningitis micótica. La resolución añadió otros 24 años de prisión, con lo que la Fiscalía reportó una pena acumulada de 48 años para ambos sentenciados. También se estableció una reparación del daño por un millón 749 mil 444 pesos a favor de las víctimas indirectas.

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Sin embargo, el proceso judicial todavía no está completamente concluido. La propia Fiscalía General del Estado de Durango informó que los dos sentenciados mantienen otras causas penales relacionadas con distintos casos de meningitis, las cuales continúan en proceso.

Así, la crisis de meningitis permanece como un antecedente reciente en la memoria de Durango: una emergencia que comenzó en noviembre de 2022, dejó decenas de personas fallecidas y derivó en investigaciones sanitarias y penales que, casi cuatro años después, todavía tienen asuntos pendientes de resolución.

Este contexto permite explicar la sensibilidad social que existe actualmente en Durango frente a cualquier investigación relacionada con infecciones hospitalarias, sin establecer una relación entre aquella crisis y el caso de los cinco recién nacidos del IMSS.