Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas exhortaron al Estado mexicano a garantizar la protección de las mujeres que buscan a personas desaparecidas. Señalaron que la violencia en su contra ha alcanzado niveles alarmantes y que, en los casos más graves, termina en su propia desaparición o asesinato.

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Como ejemplo de estos riesgos, los especialistas citaron hechos ocurridos en Sinaloa en las últimas semanas. El 29 de agosto de 2026 se denunció la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por las personas desaparecidas. Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores.

Además, el 1 de septiembre integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrolladas por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán. Ese grupo ya había sufrido otros ataques: en 2026 fue asesinada su integrante Rubí Gómez-Tagle, y en octubre de 2025 desapareció María de los Ángeles Valenzuela.

La búsqueda es responsabilidad del Estado

Los expertos subrayaron que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de estos casos corresponden al Estado, que no puede trasladar esa carga a las familias. Aclararon que, aun así, debe asegurarse su participación en condiciones de seguridad. Consideraron que la labor de estas mujeres es una extensión de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y que atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad.

También señalaron que esta violencia tiene rasgos de género y suele buscar castigar a las mujeres por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público. Por ello, sostuvieron que el Estado debe actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos.

Estándares internacionales

Recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen un deber reforzado de protección hacia las personas defensoras. En el caso de México, el tribunal ha advertido que las mujeres que luchan contra la impunidad forman parte de los grupos de mayor riesgo y que el hostigamiento y la violencia de género en su contra van en aumento.

Los expertos evocaron asimismo la Observación general sobre las mujeres afectadas por desapariciones forzadas. Este documento establece que los Estados deben reconocer los daños específicos que sufren por razón de su género, entre ellos la violencia sexual, el embarazo forzado, el daño psicológico, el estigma social y la desestructuración familiar.

Un día internacional para las buscadoras

En medio de este panorama, los especialistas celebraron que la Asamblea General de la ONU haya aprobado una resolución que designa el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. Expresaron su reconocimiento a la comunidad internacional por valorar formalmente la fortaleza, la voz, la capacidad de acción y el liderazgo de estas mujeres. Instaron a México a reconocer públicamente la importancia de su labor y a cumplir plenamente sus obligaciones internacionales de protección.

Comunicaciones previas

Los expertos indicaron que ya habían enviado comunicaciones al Gobierno mexicano para expresar sus preocupaciones, entre ellas una carta de abril de 2026 sobre el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, a la cual el Gobierno respondió.

La declaración fue suscrita por Andrea Bolaños Vargas, relatora sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales; Grażyna Baranowska, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas; y Claudia Flores, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas, junto con los demás integrantes de ambos grupos.