Más de 50 adopciones se han concretado durante la actual administración del DIF Estatal, mientras que tres procesos concluyeron este año, informó Marisol Rosso, presidenta del organismo.

 

La cifra contrasta con los alrededor de 200 niñas, niños y adolescentes que actualmente permanecen en Casa Hogar. Sin embargo, Rosso aclaró que estar bajo resguardo de la institución no significa que un menor se encuentre en condiciones jurídicas para ser adoptado.

 

Antes de iniciar un proceso de adopción es necesario determinar la situación jurídica de cada niña, niño o adolescente. Para ello, se revisan los expedientes y se establece si existe la posibilidad legal de integrarlo a una nueva familia.

 

La presidenta del DIF explicó que estos procedimientos requieren la participación de distintas áreas, cuyos equipos multidisciplinarios analizan cada caso y presentan las valoraciones ante el consejo correspondiente.

 

Entre los estudios se encuentran evaluaciones psicológicas, análisis socioeconómicos y visitas de trabajo social, además de la revisión de las condiciones de las familias interesadas.

 

Rosso señaló que también se determina si los solicitantes cuentan con las condiciones necesarias para recibir a un menor y si la integración familiar representa la alternativa más conveniente para su bienestar.

 

La presidenta del DIF informó que durante este año se han concretado tres procesos de adopción, los cuales concluyeron con la integración de los menores a sus nuevas familias.

 

El organismo mantiene además un seguimiento posterior a las adopciones. Como parte de esta labor, personal del DIF ha acudido a entidades como Nuevo León y Zacatecas para dar continuidad a casos de familias que actualmente radican fuera de Durango.

 

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes también participa en la revisión de los expedientes y en los procedimientos relacionados con la situación jurídica de los menores.

 

Karla Ivonne Cabrales Silva, titular de la Procuraduría, forma parte de este proceso junto con las distintas áreas encargadas de valorar las condiciones de cada caso.

 

 

Las personas interesadas en adoptar deben acercarse al DIF Estatal para iniciar el procedimiento y obtener la certificación correspondiente.

 

Rosso señaló que la decisión no debe basarse únicamente en la voluntad de adoptar, sino en una valoración integral de las condiciones familiares, emocionales y económicas de los solicitantes.

 

El objetivo es determinar tanto la viabilidad jurídica de la adopción como las condiciones más adecuadas para que el menor pueda integrarse a una nueva familia.

 

Por ello, el número de niñas, niños y adolescentes que actualmente viven en Casa Hogar no corresponde directamente con la cantidad de menores que pueden ser adoptados.

 

La liberación jurídica de cada expediente y las evaluaciones posteriores son las que determinan cuáles casos pueden avanzar hacia un proceso de adopción.