Decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas y de búsqueda difundieron una carta pública en la que advierten que la nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas podría convertirse en otro intento de “borrar” a sus seres queridos de las cifras oficiales. En México, las familias estiman que hay más de 135 mil personas desaparecidas.

El documento está dirigido a los ocho integrantes del grupo de especialistas nacionales e internacionales que la Secretaría de Gobernación (Segob) convocó para analizar el registro: Mayank Kejriwal, Zubin Jelveh, Ted Enamorado, Astrid Adriana Pozos, Ernesto Isunza Vera, Esteban Salmón, Guillermo Guevara y Rodrigo Canales.

“Nos enteramos por las noticias”

Las familias señalaron que no fueron consultadas antes del anuncio. “Nos enteramos por las noticias que la Secretaría de Gobernación creó un grupo de personas expertas”, lamentaron, y calificaron esa forma de proceder como una mala práctica del actual gobierno y de algunos especialistas.

También cuestionaron que los expertos hayan sido elegidos por las mismas autoridades que serán evaluadas, sin que se conozcan los criterios que garanticen su independencia. Por ello pidieron saber el mandato del grupo, sus objetivos, funciones, alcances, tareas, duración y los mecanismos con los que su trabajo podrá ser evaluado de forma periódica.

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La revisión de marzo, bajo la lupa

Los firmantes recordaron que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tampoco ha dado a conocer la metodología de la revisión que realizó en marzo de este año.

Según la carta, ese ejercicio creó categorías que, afirman, no están previstas en la ley: registros con “información suficiente”, aquellos que “requieren completar sus datos” y los que reportan “actividad posterior” a la desaparición. Las familias señalaron que se desconoce cómo se definieron esas clasificaciones y que el propio SESNSP había reconocido que no tenía facultades para realizar ese trabajo. El resultado, expresaron, fue “más dudas que certezas”.

“Nuestra experiencia previa con la revisión del Registro Nacional es que se trata a nuestros seres queridos como cifras que van y vienen, lo cual nos desgasta aún más”, escribieron.

Más que una base de datos

Las familias explicaron que el registro no es solo una base de datos, sino el instrumento que contiene los nombres y la información de las personas desaparecidas, indispensable para que las autoridades inicien su búsqueda. Reconocieron que necesita mejoras, pero insistieron en que cualquier cambio debe hacerse con criterios públicos y verificables, y con participación de quienes buscan a sus familiares.

Además, observaron que, aunque entre los especialistas hay perfiles en inteligencia artificial, estadística y políticas públicas, no saben quiénes tienen experiencia directa con las familias buscadoras. “Una vez más se nos está dejando fuera, a pesar de que nadie conoce mejor que nosotras los retos y revisiones que son necesarias hacer”, reclamaron.

Los colectivos expresaron su preocupación por el momento del anuncio, a pocos días de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU presente su informe sobre México ante la Asamblea General. Según señalaron, en ese espacio se abordará la solicitud de crear un mecanismo de asistencia internacional para apoyar al país frente a la crisis, y consideraron que está en juego una determinación que reconoce su magnitud.

La carta también critica a la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), que Segob anunció como acompañante del proceso de selección. Las familias afirman que esa oficina ha dejado de lado la centralidad de las víctimas y pidieron a su nuevo representante cambiar esa forma de trabajo y abandonar lo que describieron como una visión de asistencia al Estado mexicano.

Lo que piden

Entre sus solicitudes, las familias pidieron que, una vez concluidos los instrumentos de “colaboración y confidencialidad” anunciados por Gobernación, se les convoque a una reunión pública para conocer sus términos completos y cómo se aplicarán. También pidieron a los especialistas no replicar prácticas que, a su juicio, han dañado a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, hicieron un llamado a que el trabajo del grupo contribuya realmente a la búsqueda y no se limite a una nueva revisión estadística. “No es necesario tener un familiar desaparecido para tener sensibilidad en el apoyo para encontrar a los miles de desaparecidos”, subrayaron.

Quiénes firman

La carta fue suscrita por colectivos de Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Oaxaca, Michoacán, Baja California, Morelos y Zacatecas. Entre ellos están la Glorieta de las y los Desaparecidos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Voz de los Desaparecidos en Puebla, Esposas Buscadoras México y Huellas de la Memoria. También firman organizaciones como el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), Consultora Solidaria y la Iglesia Anglicana de México, además de activistas y académicos solidarios.

Las familias advirtieron, asimismo, que la impunidad “se ha convertido en una práctica cotidiana” y exigieron respuestas sobre cuántos casos reconoce el Estado y cuál es el nivel de impunidad.