¿Puede una persona evitar el pago de una pensión alimenticia mediante un cambio legal de identidad de género? La pregunta está en el centro de una controversia que busca llegar al Congreso de Durango, luego de que Olga Lidia Mejía afirmara que ha identificado alrededor de 35 casos en los que, según sus señalamientos, podrían existir irregularidades relacionadas con obligaciones familiares y procesos judiciales.

Mejía sostuvo que prepara una iniciativa para que el Poder Legislativo revise posibles vacíos legales y establezca mecanismos que permitan detectar abusos procesales. Aseguró que su preocupación se relaciona con casos de padres que presuntamente recurrirían a cambios registrales para intentar evadir el pago de pensiones alimenticias o enfrentar procesos legales promovidos por sus exparejas.

Sin embargo, durante su declaración no presentó expedientes, resoluciones judiciales ni documentación que permita establecer cuántos de los casos mencionados corresponden a incumplimientos alimentarios acreditados o a posibles fraudes procesales.

La discusión llega al terreno jurídico

El doctor en Derecho Cristian Montenegro cuestionó los argumentos de Mejía y sostuvo que la obligación de proporcionar alimentos a los hijos no depende de que una persona sea reconocida legalmente como hombre o mujer.

Desde su perspectiva, las responsabilidades parentales deben analizarse conforme a la legislación aplicable y a las circunstancias de cada caso, sin asumir que un cambio de identidad elimina las obligaciones familiares.

Montenegro también puso en duda la cifra de 35 casos y afirmó que en Durango habría 6 mil 875 hombres que han cambiado legalmente de género. No obstante, durante su declaración no identificó la fuente de esa cifra, el periodo al que corresponde ni los criterios utilizados para obtenerla.

El jurista señaló además que, a su juicio, algunas disposiciones legales pueden generar interpretaciones controvertidas en litigios familiares y relacionados con la violencia vicaria. Consideró que las normas deben aplicarse de manera igualitaria, sin que ello implique desconocer los derechos de las personas trans.

¿Qué tendría que demostrar una posible reforma?

La discusión involucra dos asuntos distintos: el cumplimiento de las obligaciones alimentarias hacia niñas, niños y adolescentes, y el derecho de las personas a que se reconozca legalmente su identidad de género.

Para determinar si existe un uso fraudulento de un procedimiento registral, no basta con que una persona haya cambiado su identidad legal ni con que exista un conflicto con su expareja. Sería necesario analizar las pruebas y las circunstancias particulares de cada expediente.

En ese sentido, una eventual reforma tendría que precisar qué conductas busca prevenir, qué elementos permitirían acreditar un posible abuso y cómo evitar que las medidas afecten derechos reconocidos por la ley.

Mejía afirmó que busca que el Congreso revise los casos que ha señalado y tome medidas para proteger a las familias y a la niñez. Por ahora, no se cuenta con el texto de la iniciativa, una fecha confirmada de presentación ni una postura formal del Poder Legislativo sobre su análisis.

El punto central del debate permanece abierto: cómo garantizar que las obligaciones alimentarias se cumplan y que los procedimientos legales no se utilicen de manera indebida, sin convertir casos particulares en señalamientos generales contra las personas que han cambiado legalmente su identidad de género.