El dirigente estatal del PAN en Durango, Mario Salazar, acusó que la justicia en México puede utilizarse con criterios políticos, al pronunciarse sobre la detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, investigado por su presunta responsabilidad en la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio.

Salazar sostuvo que Acción Nacional no busca impedir la aplicación de la justicia, pero consideró que los procedimientos judiciales deben desarrollarse sin motivaciones políticas. En su declaración, cuestionó que, después de una actuación inicial de autoridades judiciales estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) interviniera en el caso y se concretara una nueva detención.

El exfiscal fue detenido el 17 de octubre por autoridades de Chihuahua, en una investigación estatal por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público. Posteriormente, la FGR obtuvo una orden de aprehensión federal por una investigación relacionada con la participación de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. La detención y las acusaciones no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria.

Defiende acciones contra el crimen organizado

El presidente estatal del PAN destacó el desmantelamiento del narcolaboratorio como una acción contra el crimen organizado y sostuvo que deben reconocerse los esfuerzos para combatir la producción de drogas.

Sin embargo, el caso también abrió cuestionamientos sobre la participación de agentes estadounidenses en el operativo, debido a que las autoridades federales investigan si su intervención se realizó sin la autorización correspondiente. El accidente ocurrido después del operativo dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos agentes estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua.

Salazar afirmó que la justicia no debe aplicarse de manera selectiva y mencionó otros casos de figuras políticas que, desde su perspectiva, deberían recibir el mismo escrutinio de las autoridades. Entre los nombres que citó estuvieron Adán Augusto López y Andy López Beltrán, aunque no detalló en su declaración expedientes específicos ni resoluciones judiciales que permitieran comparar sus situaciones con la del exfiscal.

Caso mantiene tensión política en Chihuahua

La detención de Jáuregui también provocó diferencias públicas entre el exfiscal y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. La mandataria afirmó que nadie que haya formado parte de su gobierno está por encima de la ley y señaló que su administración colaborará con las autoridades federales conforme a sus atribuciones.

En contraste, la defensa del exfiscal ha cuestionado la legalidad de las acusaciones y ha señalado posibles motivaciones políticas. Esas posturas forman parte de una controversia que deberá resolverse dentro de los procedimientos correspondientes.

Salazar consideró que el caso tendrá repercusiones en la discusión política de Chihuahua y sostuvo que los ciudadanos evaluarán la actuación de sus autoridades. No obstante, la responsabilidad penal del exfiscal y la legalidad de las actuaciones investigadas deberán determinarse mediante las instancias judiciales competentes.