La diputada Daniela Soto Hernández presentó una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI para reformar el Código Penal y la Ley de Educación del Estado de Durango, con el propósito de establecer sanciones contra las amenazas al personal educativo y las acusaciones deliberadamente falsas formuladas ante las autoridades.

La propuesta busca fortalecer las garantías jurídicas de maestras, maestros y personal directivo y administrativo, ante situaciones que puedan afectar su reputación y trayectoria profesional. La legisladora sostuvo que la iniciativa no pretende otorgar impunidad a quienes cometan abusos, sino asegurar que las denuncias se investiguen y que la responsabilidad se determine mediante los procedimientos correspondientes.

“Defender su dignidad también es hacer justicia”, expresó Soto Hernández, al señalar que una acusación que no logra acreditarse puede tener consecuencias laborales, personales y familiares para quienes trabajan en las escuelas.

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¿Qué plantea la iniciativa?

De acuerdo con la legisladora, las reformas contemplan sanciones específicas para quienes amenacen o intimiden al personal educativo por el ejercicio de sus funciones, así como para quienes presenten acusaciones ante las autoridades sabiendo que los hechos señalados son falsos.

También propone una agravante cuando una persona adulta manipule deliberadamente a niñas, niños o adolescentes para sostener una acusación que sabe falsa.

Soto Hernández afirmó que la propuesta no busca obstaculizar las denuncias ni reducir la protección de estudiantes. Señaló que, si un docente incurre en violencia, acoso o abuso, debe responder ante la ley, pero consideró necesario distinguir entre una denuncia que no se acredita y una acusación formulada deliberadamente con conocimiento de que los hechos son falsos.

La iniciativa plantea así dos objetivos: garantizar el derecho de defensa del personal educativo y mantener la protección de niñas, niños y adolescentes, así como el derecho de las familias a acudir ante las autoridades.

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Cita caso de director escolar en Gómez Palacio

Como antecedente, la diputada recordó el caso del director de la Escuela Secundaria Técnica número 68, en Gómez Palacio, quien en enero de 2024 fue separado de sus funciones tras señalamientos por presunto acoso laboral y sexual.

Según la versión expuesta por la legisladora, semanas después las autoridades educativas informaron que las investigaciones no habían encontrado elementos para sustentar las acusaciones y anunciaron su reincorporación.

Soto Hernández señaló que este caso refleja las consecuencias que puede enfrentar un trabajador de la educación durante un procedimiento, incluso cuando este concluye sin que se acredite su responsabilidad.

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No obstante, que una investigación no encuentre elementos suficientes para sustentar una acusación no demuestra, por sí solo, que la denuncia haya sido presentada deliberadamente con falsedad. La iniciativa busca establecer sanciones para este último supuesto.

La diputada también mencionó que la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informó en julio de este año haber dado seguimiento a por lo menos diez expedientes relacionados con presuntas acusaciones falsas contra docentes. Precisó que esa cifra no significa que todos los casos hayan sido acreditados judicialmente como denuncias falsas.

La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente. La información proporcionada no precisa si ya fue turnada a comisiones ni contempla el detalle de las penas que se aplicarían en cada supuesto.