La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió cautela ante las versiones sobre una eventual responsabilidad penal de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y sostuvo que cualquier decisión deberá esperar a los resultados de una auditoría al organismo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a preguntas sobre la petición del consejero electoral Arturo Castillo, quien solicitó que se dicte prisión preventiva contra Taddei. Sheinbaum explicó que el orden de los pasos es claro: primero debe realizarse la auditoría; si de ella surge algún asunto de carácter penal, este tendría que presentarse ante la Fiscalía, que haría su propia investigación y determinaría si hay elementos para proceder.

“Lo primero que tiene que haber es una auditoría”, afirmó. Sobre la solicitud de prisión, dijo que no sabía quién la había planteado y cuestionó quién tendría la facultad de definirlo: “La Fiscalía, ¿no?”. Añadió que pedir una medida de ese tipo exige antes una investigación y que se deslinden responsabilidades.

“No se adelanten”

Ante la insistencia de los reporteros sobre la posibilidad de que Taddei sea juzgada por los señalamientos que han circulado públicamente, la presidenta pidió no anticipar conclusiones. Reconoció que “han salido temas públicos”, pero insistió en que debe haber una revisión formal y las indagatorias de las autoridades competentes. “Si consideran que se procede, se procede”, expresó.

También se le preguntó si existía riesgo de que la exconsejera saliera del país y evadiera a las autoridades, así como si se conocía su paradero. Sheinbaum no abordó esos puntos de manera directa, pero reiteró que, en la actualidad, Taddei no enfrenta ningún proceso ni tiene una orden de aprehensión en su contra.

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Lo que planteó el consejero Castillo

Las declaraciones de la presidenta llegaron después de que el consejero electoral Arturo Castillo advirtiera sobre posibles delitos graves en la actuación de Taddei al frente del INE. Ante medios, señaló que los hechos que se han difundido en la prensa podrían constituir delitos que se persiguen de oficio y que, conforme al artículo 19 de la Constitución, podrían incluso ameritar prisión preventiva oficiosa, una medida que permite mantener a una persona detenida mientras se desarrolla su proceso.

Castillo mencionó como posibles figuras el enriquecimiento ilícito y el uso abusivo de funciones. Sin embargo, precisó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar qué delitos existen, en caso de que los haya.