Un juzgado federal de amparo otorgó una suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, medida que paraliza de forma temporal el avance del proceso penal que se le sigue por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La resolución judicial fue emitida por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México. El dictamen detiene el procedimiento penal en su fase intermedia y prohíbe el envío de la causa a la etapa de juicio oral mientras no se resuelva de manera definitiva la presunta violación a derechos fundamentales alegada en la demanda de garantías.

El expediente penal deriva de investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR), donde se vincula al exmandatario con la estructura directiva de la empresa Ingemar. Según los señalamientos de la autoridad ministerial, dicha firma habría incurrido en irregularidades en la importación de gasolina y diésel, operaciones que la representación social calcula en un perjuicio fiscal cercano a los 4,000 millones de pesos.

Frente a la acusación, la representación jurídica del exfuncionario argumenta que la intervención de Ruffo Appel dentro de la corporación se limitó a la posesión de acciones minoritarias, sin contar con atribuciones ni intervención directa en las decisiones operativas, comerciales o aduaneras de la compañía.

La suspensión definitiva otorgada únicamente frena la progresión de los plazos para el juzgamiento y no invalida el auto de vinculación a proceso ni exonera de los cargos al imputado.

De esta manera, el proceso penal continuará su desahogo legal mientras Ruffo Appel permanece sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria en Ensenada, Baja California, resguardada por la Guardia Nacional.