La fiscalización de los recursos del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE) ha generado cientos de observaciones durante los últimos 25 años, pero ninguna de las 45 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha derivado en una denuncia penal, de acuerdo con información difundida por Milenio.

En ese periodo, las revisiones acumularon 511 resultados, entre los que se encuentran 113 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Además, permanecen abiertos 13 expedientes relacionados con las cuentas públicas de 2016, 2017, 2018 y 2023.

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Uno de los asuntos pendientes corresponde a la Cuenta Pública 2024, durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE. La ASF mantiene tres pliegos de observaciones que señalan un posible daño al patrimonio público por 66.5 millones de pesos.

Los señalamientos están relacionados con la contratación de servicios de impresión de material electoral, la elaboración de materiales didácticos y el arrendamiento de vehículos. Al tratarse de observaciones pendientes, el monto señalado no representa por sí mismo un daño patrimonial confirmado ni implica la existencia de responsabilidades penales.

A estos procesos se suma una auditoría integral correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que todavía se encuentra en desarrollo.

Los datos se conocen después de que la ASF alertara sobre indicios de posibles irregularidades acumuladas durante años en el manejo de recursos de las autoridades electorales, lo que mantiene bajo revisión el ejercicio del gasto de estos organismos.

Aunque las auditorías han producido observaciones y procedimientos administrativos, hasta ahora no se han presentado denuncias penales derivadas de las 45 revisiones practicadas al IFE y al INE.