05-11-2026

Foto: Web
La presidenta expuso que los hermanos Hernández Casillas comenzaron a trabajar en dependencias federales durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que, entre 2014 y 2023, obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó información sobre los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas, empresarios que durante casi tres décadas han participado como proveedores de material electoral y cuyos vínculos con el gobierno federal, señaló, se remontan a la década de los noventa.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que las presuntas irregularidades relacionadas con las contrataciones electorales no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que tienen antecedentes de más de 30 años.
Como parte de la exposición, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación elaborada con información pública del gobierno federal y registros históricos de Compranet para reconstruir la trayectoria de los empresarios.
Según los datos expuestos, los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población (Renapo) y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, antes de incorporarse al sector empresarial.
Sheinbaum también mencionó a Juan Carlos Padilla, quien estuvo al frente del Renapo y posteriormente ocupó la Secretaría General del CISEN. De acuerdo con la presidenta, Padilla habría tenido relación con los empresarios durante su paso por la administración pública y actualmente forma parte del partido Somos.
La mandataria también vinculó este antecedente con la participación de Lorenzo Córdova y otros exconsejeros electorales en dicha organización política. Sobre estas relaciones, afirmó: “Ellos construyeron esta mafia electoral, que se reproduce entre ellos”.
La información presentada por Buenrostro señala que los hermanos Hernández Casillas comenzaron a suministrar material electoral a institutos estatales desde antes del año 2000. Posteriormente, entre 2014 y 2023, ampliaron su presencia mediante una red de empresas que obtuvo contratos en organismos electorales locales.
Durante ese periodo, en el que Lorenzo Córdova encabezó el INE, los empresarios recibieron contratos por 2 mil 094 millones de pesos. Para los años 2024 y 2025, el monto reportado fue de 646 millones de pesos.
De acuerdo con la exposición del gobierno federal, el crecimiento de estas empresas estuvo relacionado con presuntas omisiones en la supervisión y la falta de lineamientos claros para regular las contrataciones en los institutos electorales estatales.
Sheinbaum cuestionó que las irregularidades se hayan concentrado en la actual administración del INE y recordó que Guadalupe Taddei fue designada por el Consejo General del organismo, integrado desde 2014, cuando Lorenzo Córdova asumió la presidencia del entonces instituto.
Sobre los señalamientos hacia Taddei, la presidenta expresó: “nadie la defiende, si realizó un acto ilegal lo tiene que enfrentar, pero no nació ayer este cochinero, tiene muchos años y se fortaleció cuando estaba Lorenzo (Córdova) como consejero presidente”.
Ante los señalamientos, la titular del Ejecutivo federal planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las contrataciones para determinar posibles responsabilidades y que continúen las investigaciones relacionadas con los proveedores de material electoral.
También insistió en la necesidad de transparentar los procedimientos mediante los cuales se adquieren productos y servicios para los procesos electorales.
Por otra parte, Sheinbaum anunció que la próxima semana se presentará un decreto en el Diario Oficial de la Federación para modificar la integración del consejo de administración de Talleres Gráficos de México, organismo encargado de producir las boletas electorales.
La propuesta contempla incorporar a más secretarías e instituciones académicas en dicho consejo, con el objetivo de ampliar la participación de dependencias y organismos en las decisiones relacionadas con la producción de documentación electoral.

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