El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, señaló que la detención de Alejandro N estaría relacionada con la presunta operación de un establecimiento para la venta de marihuana sin contar con los permisos correspondientes.

De acuerdo con el mandatario, la información que recibió indica que el detenido no tenía autorizaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ni permisos de uso de suelo o licencias estatales y municipales.

Villegas Villarreal agregó que en el caso intervino la Fiscalía y también el Ejército Mexicano. Indicó que los detalles sobre la orden de aprehensión y las investigaciones deberán ser proporcionados directamente por las autoridades ministeriales.

El gobernador distinguió entre el cumplimiento de la ley y su postura personal sobre la comercialización de cannabis. Afirmó que, si una actividad estuviera permitida y contara con todas las autorizaciones, tendría que respetarla como autoridad, aunque manifestó que no está de acuerdo con que se venda marihuana, incluso en un escenario de legalización.

“Yo no estoy de acuerdo en que se pueda vender marihuana ni aunque fuera legal”, expresó.

Como parte de sus argumentos, mencionó un homicidio ocurrido recientemente en La Laguna, en el que, según dijo, un joven habría dado positivo al consumo de marihuana. A partir de ese caso, planteó su preocupación por los posibles riesgos asociados al consumo de sustancias y su combinación con bebidas alcohólicas.

También consideró que las autoridades tendrían que analizar los retos de seguridad y prevención que implicaría una eventual regulación del cannabis, al comparar el tema con los operativos de alcoholimetría.

El mandatario sostuvo que su responsabilidad como gobernador es actuar conforme al marco legal y reiteró que, en este caso, la información que recibió apunta a que el establecimiento no contaba con los permisos necesarios.

Hasta el momento, los detalles de la investigación, los delitos que se le atribuyen al detenido y las condiciones de la orden de aprehensión corresponden a la Fiscalía, autoridad que deberá precisar la situación jurídica del caso.