Una vez más, la historia jurídica reciente de Ensenada nos recuerda que los compromisos firmados por gobiernos no se borran con declaraciones políticas, ni con votos en contra en Cabildo, ni con ruedas de prensa incendiarias. La empresa Iberparking ha logrado una nueva victoria judicial en contra del XXV Ayuntamiento de Ensenada, al demostrarse que los recursos legales promovidos para desconocer el contrato firmado en 2019 para la instalación de 3 mil 500 parquímetros en la zona centro, han sido desechados.

 

El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió, con sentencia emitida el 9 de abril de 2025, que el recurso de inconformidad presentado por el síndico procurador Elí Oviedo Díaz, en representación del Ayuntamiento, carece de fundamento legal. La resolución es clara y definitiva: se deja firme el amparo que obliga al municipio a cumplir el convenio o, en su defecto, indemnizar a Iberparking conforme a lo estipulado.

 

Este contrato fue firmado por el XXII Ayuntamiento, encabezado por Marco Antonio Novelo Osuna, y fue impugnado apenas un mes después por el mismo gobierno que lo promovió. Desde entonces, ha sido objeto de controversias, litigios y un evidente uso político. Pero más allá de las simpatías o rechazos hacia el modelo de parquímetros —tema sensible para comerciantes, residentes y defensores del espacio público— lo que hoy está en juego no es el espacio urbano solamente, sino la credibilidad institucional del gobierno local.

 

La sentencia confirma lo que durante años se ha intentado evadir: que los actos de autoridad tienen consecuencias, y que los compromisos legales no se diluyen con el cambio de administración. Quien representa al Ayuntamiento no puede simplemente desmarcarse de convenios firmados legalmente por sus antecesores. Las instituciones tienen memoria, aunque los políticos no quieran.

 

Ahora, el XXV Ayuntamiento de Ensenada enfrenta una difícil decisión: o instala los parquímetros conforme al convenio de 2019, o paga la indemnización millonaria a Iberparking. En ambos escenarios, el costo político y económico lo terminarán asumiendo los ciudadanos.

 

En lugar de litigios reactivos, urge una política de prevención legal, donde los contratos se analicen con visión de largo plazo, con responsabilidad técnica y con apego a los intereses públicos, no a cálculos electorales. Si no se aprende esta lección, Ensenada seguirá pagando, literal y jurídicamente, los excesos del pasado.

 

Porque aquí no se trata de parquímetros. Se trata de cumplir la ley, incluso cuando incomoda.