En México hemos vuelto a una discusión conocida: el gobierno dice que no hay censura y la oposición responde que estamos frente a una “Ley Mordaza”. Como ocurre con demasiada frecuencia, el ruido de las dos trincheras amenaza con ocultar la pregunta verdaderamente importante, porque el problema no es reconocer derechos a las audiencias; los tienen.

Quienes escuchan radio o ven televisión tienen derecho a distinguir cuándo reciben información, cuándo escuchan una opinión y cuándo están frente a publicidad. Tienen derecho a conocer los códigos de ética de los medios, a presentar inconformidades y a contar con mecanismos para que éstas sean atendidas. Los medios ejercen una función fundamental para cualquier democracia, pero eso no significa que deban estar exentos de responsabilidades.

Conviene decirlo porque llamar “censura” a cualquier regulación tampoco ayuda a defender la libertad de expresión. Los concesionarios utilizan un bien público —el espectro radioeléctrico— y poseen una enorme capacidad para construir agenda, amplificar voces, silenciar otras y moldear la conversación pública. Defender una prensa libre no significa defender medios sin obligaciones ni audiencias sin derechos.

La discusión que abrió la propuesta de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias es más compleja. Además de exigir códigos de ética, defensores de las audiencias y procedimientos para atender inconformidades, el nuevo modelo contempla la intervención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones cuando determinadas controversias no sean resueltas dentro de los propios mecanismos de los concesionarios.

El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que esto no implica censura. Ha señalado que cada medio conservará la facultad de elaborar su propio código de ética y designar a su defensor, y ha precisado posteriormente que las sanciones estarán relacionadas con incumplimientos administrativos y no con castigos por contenidos periodísticos.

Aunque es una aclaración importante, tampoco resuelve toda la discusión. Reconocer la legitimidad de un derecho no obliga a aceptar sin cuestionamientos cualquier mecanismo creado para protegerlo.

Cuando una autoridad pública adquiere facultades relacionadas con la supervisión de medios de comunicación, la pregunta nunca debería limitarse a cuáles son las intenciones del gobierno que las propone, sino qué podría hacer con ellas cualquier gobierno futuro. Ahí está el punto que se pierde cuando reducimos todo a decidir si el gobierno actual quiere o no censurar a la prensa. Incluso si concedemos que ésa no sea la intención de los lineamientos, las instituciones democráticas no se diseñan suponiendo que quienes ocupan el poder actuarán siempre con prudencia; se diseñan precisamente para cuando no lo hagan.

Por eso vale la pena hacer un ejercicio sencillo. Imaginemos que Morena pierde la Presidencia en 2030 y que exactamente las mismas facultades regulatorias quedan en manos de un gobierno profundamente conservador, enfrentado con determinados periodistas y medios de comunicación. ¿Nos seguirían pareciendo suficientemente claras las reglas? ¿Estaríamos cómodos con los márgenes de interpretación que hoy estamos dispuestos a conceder?

La pregunta también funciona en sentido contrario: quienes hoy denuncian automáticamente una “Ley Mordaza” deberían preguntarse si considerarían censura que un organismo verdaderamente independiente obligara a un poderoso concesionario a distinguir información de opinión, transparentar sus códigos de ética o atender los reclamos de sus audiencias.

Las reglas democráticas deberían superar ambas pruebas. Por eso, la discusión tampoco debería convertirse en una defensa romántica de los medios frente al Estado. El poder mediático existe y también necesita contrapesos, pues una empresa de comunicación puede abusar de su posición, difundir información incorrecta, disfrazar publicidad de contenido informativo o incumplir los estándares que ella misma promete respetar.

La pregunta es quién debe corregir esos abusos y bajo qué límites. Una defensoría completamente impotente puede terminar siendo decorativa, pero un regulador con criterios ambiguos y capacidad suficiente para generar consecuencias sobre los medios puede producir otro problema: que periodistas, editores y concesionarios comiencen a preguntarse no solamente si una información es cierta o relevante, sino qué reacción podría provocar en la autoridad.

La censura más evidente es aquella que prohíbe publicar, pero las democracias también deben cuidarse de algo más difícil de detectar: el efecto inhibitorio que aparece cuando la posibilidad de una consecuencia termina condicionando anticipadamente aquello que alguien decide decir. Eso no significa que los nuevos lineamientos necesariamente vayan a producirlo; significa que cualquier regulación relacionada con la libertad de expresión debe diseñarse precisamente para impedir que pueda ocurrir.

Por eso resulta insuficiente que el gobierno responda simplemente que “no hay censura”, como también resulta insuficiente que la oposición coloque la etiqueta de “Ley Mordaza” sobre cualquier intento de regular los derechos de las audiencias. Entre ambos extremos existe una discusión institucional mucho más importante: cuánto poder estamos dispuestos a entregar a quien vigila a los medios, qué criterios limitarán ese poder y qué garantías existen para que mañana no pueda utilizarse de manera distinta a como hoy se promete.

La libertad de expresión y los derechos de las audiencias no son enemigos; una democracia necesita ambos. Lo que también necesita es una sana desconfianza hacia el poder, ya sea que provenga del gobierno, los partidos o las propias empresas de comunicación. Las libertades no se protegen confiando en las buenas intenciones del gobernante en turno; su mejor garantía son instituciones diseñadas para resistir a quienes carecen de ellas.