Todavía faltan meses para que los bajacalifornianos acudan a las urnas, pero hay algo que ya comenzó: la sucesión.

No es una metáfora. La carrera por la gubernatura de Baja California ya está en marcha y Morena ha comenzado a hacer algo todavía más importante que medir a sus aspirantes: decidir quiénes tendrán derecho a seguir compitiendo.

Hace unas semanas, diez perfiles se registraron para participar en el proceso interno de Morena y sus aliados rumbo a 2027. Entre ellos estaban Ismael Burgueño, Julieta Ramírez, Armando Ayala, Alfredo Álvarez, Fernando Castro Trenti, Evangelina Moreno, Alejandro Ruiz Uribe, Joel Jiménez Vega, Jorge Ramos y Montserrat Caballero.

Diez nombres para una candidatura. Ahora viene el filtro.

De acuerdo con información reciente, Morena se encamina a reducir esa lista a solo cuatro perfiles que continuarían en la contienda. Y aquí empieza la parte verdaderamente interesante.

Aunque la elección de 2027 no ha comenzado formalmente, una parte sustancial del futuro político del estado ya se está definiendo dentro de un partido político. Es legítimo que Morena utilice sus encuestas y mecanismos internos para seleccionar a quienes lo representarán. Los partidos necesitan reglas y procedimientos para elegir a sus candidatos.

Pero una cosa es elegir a un candidato y otra, muy distinta, es que la agenda de todo un estado quede absorbida por una competencia interna meses antes de acudir a las urnas.

Porque Baja California todavía no está eligiendo a su próximo gobernador. Morena sí está empezando a elegir al suyo. Y esa diferencia importa.

Sobre todo porque Baja California no es un estado cualquiera dentro del mapa político nacional. Morena gobierna actualmente la entidad y parte de una posición electoral que hace que su proceso interno sea observado, en los hechos, como una especie de primera vuelta no oficial.

Por eso los nombres importan, pero importa todavía más el mecanismo.

Durante los próximos meses veremos encuestas, recorridos, reuniones, adhesiones, fotografías, declaraciones y todo el repertorio habitual de una campaña que todavía no puede llamarse campaña.

La paradoja es tan evidente como preocupante: quienes hoy cobran un sueldo para gobernar el estado comienzan a dedicar tiempo y capital político a asegurar su futuro.

Adelantar la sucesión no es solamente un fenómeno de “grilla” partidista; también puede convertirse en un problema institucional. Cuando un funcionario despacha con la mirada puesta en la siguiente boleta, cada decisión corre el riesgo de adquirir una lógica electoral.

Las políticas públicas pueden convertirse en propaganda, el trabajo territorial en promoción personal y las obras públicas en escenarios para la fotografía.

La línea entre gobernar y hacer campaña comienza entonces a desdibujarse y, con ella, también la frontera entre el interés público y la ambición política.

Baja California no tiene tiempo ni recursos para financiar, directa o indirectamente, campañas que todavía no deberían haber comenzado.

El estado tiene problemas demasiado concretos para convertirse en escenario permanente de una elección que todavía no ocurre. La inseguridad no espera los tiempos de Morena. El agua no conoce de encuestas. La movilidad de Tijuana no puede resolverse después de 2027. La infraestructura fronteriza tampoco. Y la relación económica con California exige decisiones de largo plazo, no cálculos de corto plazo.

Sin embargo, buena parte de la conversación política ya gira alrededor de otra pregunta: quién puede llegar.

Y quizá estamos empezando por la pregunta equivocada.

Porque saber quién será candidato importa. Pero saber qué quiere hacer con el estado debería importar mucho más.

La política mexicana tiene una fascinación peligrosa por los nombres. Antes de conocer propuestas conocemos aspirantes. Antes de discutir proyectos discutimos encuestas. Antes de preguntar qué necesita una entidad, preguntamos quién tiene posibilidades de gobernarla.

Baja California corre el riesgo de entrar nuevamente en ese ciclo: primero diez, después cuatro, después uno y, finalmente, todos nosotros frente a una boleta.

El problema es que, entre una etapa y otra, podemos olvidar algo fundamental: una candidatura no es un premio político. Es una responsabilidad pública.

Por eso vale la pena mirar con atención este proceso interno. No para especular sobre quién será el elegido eso ya lo harán las encuestas, los partidos y sus operadores, sino para exigir que la discusión no termine reducida a una carrera de nombres.

Porque si Morena ya está haciendo su lista, Baja California debería empezar a hacer la suya.

No de candidatos, sino de prioridades.

¿Qué necesita el estado? ¿Qué problemas deben resolverse primero? ¿Qué tipo de gobierno queremos? ¿Qué capacidades debería tener quien lo encabece? ¿Qué estamos dispuestos a exigirle a quien llegue?

Esas deberían ser las preguntas de una sucesión democrática.

Porque la elección puede comenzar dentro de un partido, pero el gobierno que resulte de ella le pertenece a todos.

Y quizá ese sea el verdadero reto de Baja California rumbo a 2027: que la carrera por el poder no termine adelantándose a la discusión sobre para qué queremos el poder.