Toda expresión de violencia es grave, ocurra en el centro de la ciudad, en una zona residencial o en la periferia. Pero hay algo particularmente inquietante cuando hechos de esta naturaleza irrumpen en espacios que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas: la violencia deja de percibirse como algo distante y comienza a modificar la manera en que una ciudad percibe su propio entorno.Eso es lo que ocurrió esta semana en Tijuana.

El hallazgo de varios cuerpos abandonados en vehículos, en distintos puntos de la zona de Agua Caliente, volvió a colocar a la ciudad frente a una escena que nadie debería considerar normal. Las autoridades han señalado que los hechos podrían estar relacionados con una pugna entre grupos criminales, mientras la Fiscalía ha informado que investiga un patrón común en los vehículos utilizados y que las víctimas no tendrían relación entre sí.

Conviene detenernos ahí, porque en momentos como este abundan las explicaciones inmediatas, las versiones que identifican culpables y las narrativas que intentan resolver en redes sociales lo que todavía está bajo investigación; pero una cosa es lo que sabemos y otra lo que suponemos.

No sabemos todavía toda la historia detrás de estos asesinatos ni cuál fue con certeza el móvil. Hay versiones que apuntan a una disputa entre organizaciones criminales, pero mientras las investigaciones no concluyan, cualquier explicación definitiva sería prematura. Pero hay algo que sí sabemos: cinco cuerpos fueron abandonados en distintos puntos de la ciudad. Y eso, por sí mismo, debería ser suficiente para preocuparnos.

El problema no es solamente quién dejó los cuerpos, sino que alguien pudo hacerlo en una ciudad donde millones de personas trabajan, circulan, salen a comer, llevan a sus hijos a la escuela y regresan a casa todos los días.

Es fácil caer en la tentación de pensar que, si se trata de una disputa entre organizaciones criminales, entonces estamos frente a un problema que pertenece únicamente a quienes participan en ella. Que son delincuentes enfrentándose entre delincuentes y que, mientras uno no tenga nada que ver con ellos, no hay demasiado de qué preocuparse.

Esa lógica es peligrosa. La violencia criminal no deja de ser un problema de seguridad pública porque sus protagonistas sean criminales. Precisamente porque existe una disputa entre grupos que utilizan la violencia para controlar territorios, cobrar extorsiones, secuestrar personas o imponer sus reglas, corresponde al Estado impedir que esa disputa termine determinando las condiciones en las que vive el resto de la sociedad.

Y ahí está quizá la parte más preocupante de lo ocurrido: la violencia comienza a producir cambios en el comportamiento de quienes no participan en ella. Coparmex Tijuana recomendó a sus integrantes extremar precauciones durante sus traslados, evitar permanecer en la vía pública durante la noche, reforzar cámaras, iluminación y controles de acceso, mantenerse alejados de vehículos o situaciones sospechosas y utilizar rutas alternas ante zonas acordonadas.

Son recomendaciones razonables. Ninguna empresa debería renunciar a sus propios protocolos de seguridad y ningún ciudadano está obligado a exponerse innecesariamente. Pero hay una frontera que debemos cuidar: una cosa es la corresponsabilidad ciudadana en materia de prevención y otra, muy distinta, es que terminemos aceptando como normal que cada quien deba aprender a administrar individualmente el riesgo de vivir en su propia ciudad.

Porque entonces ocurre algo perverso: la responsabilidad de garantizar la seguridad comienza a desplazarse silenciosamente de las instituciones hacia los ciudadanos. Revise sus cámaras. Cambie su ruta. No salga de noche. No se acerque a un automóvil sospechoso. Refuerce sus accesos. Esté atento a su entorno. Todo eso puede ayudar, pero ninguna de esas recomendaciones responde a la pregunta fundamental: ¿qué están haciendo las instituciones para evitar que la violencia vuelva a ganar espacio en Tijuana?

No se trata de afirmar, sin evidencia, que la ciudad está regresando a los peores años de su historia reciente. Tampoco de convertir cada homicidio en prueba de que las instituciones han perdido completamente el control. Se trata de algo más sencillo y, precisamente por eso, más importante: no normalizar las señales de deterioro.

Tijuana ya sabe lo que ocurre cuando la violencia deja de ser excepcional y comienza a formar parte del paisaje. Sabe lo que significa que una sociedad cambie sus horarios, sus recorridos, sus hábitos y hasta sus conversaciones por miedo. Sabe también que recuperar la tranquilidad después de haberla perdido cuesta mucho más que defenderla cuando todavía existe.

Por eso no deberíamos esperar a que las cifras vuelvan a ser las de hace quince años para preocuparnos, ni deberíamos conformarnos con saber que, por ahora, los niveles de violencia no son comparables con aquellos. La seguridad no se mide únicamente por cuántos cuerpos aparecen; también se mide por cuánto miedo produce su aparición.

Y si empresarios, trabajadores y ciudadanos empiezan nuevamente a modificar su comportamiento porque sienten que la violencia puede alcanzarlos en lugares cotidianos, entonces tenemos una señal que merece atención.

Las investigaciones tendrán que determinar quiénes fueron responsables, cuáles fueron los motivos y si realmente estamos frente a una nueva disputa territorial entre organizaciones criminales. Esa es la tarea de las autoridades y deberá hacerse con evidencia, no con especulaciones.

La nuestra es otra: no permitir que la explicación de la violencia termine convirtiéndose en su justificación. No importa qué grupo esté detrás, qué territorio se estén disputando o si las víctimas tenían o no relación con quienes ejercen la violencia. La ciudad sí tiene relación con el problema, porque Tijuana no es el territorio de los criminales: es el territorio de quienes la habitan.

Y ninguna disputa entre organizaciones criminales debería tener el poder de enseñarnos, otra vez, a vivir con miedo.