En Mexicali no había una amenaza confirmada, pero Estados Unidos suspendió sus actividades consulares y recomendó a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales. Canadá hizo lo propio. El Poder Judicial suspendió actividades en el Centro Cívico y las autoridades mexicanas desplegaron cientos de elementos para reforzar la seguridad.

La aparente contradicción merece una explicación. Una cosa es que no existan elementos suficientes para confirmar que un ataque ocurrirá y otra muy distinta que no exista información sobre una posible amenaza. Eso fue precisamente lo que terminó confundiendo a la población: mientras desde el gobierno se insistía en que no había una amenaza específica confirmada, las medidas adoptadas revelaban que sí había algo que atender.

Con el paso de los días, el contexto comenzó a aclararse. El antecedente era un importante golpe contra Los Rusos, célula criminal vinculada con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa. El operativo permitió el aseguramiento de 120 kilos de pastillas de fentanilo —equivalentes a millones de dosis— y habría sido resultado del intercambio de información y la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Después vino la posibilidad de una represalia. Las amenazas habrían estado dirigidas contra corporaciones e instalaciones de seguridad y procuración de justicia en Mexicali. No había certeza sobre cuándo, cómo o incluso si ocurriría un ataque, pero sí existía información suficiente para reforzar la vigilancia y desplegar un operativo preventivo.

Eso no significa que las autoridades mexicanas hayan mentido al señalar que no existía una amenaza inminente. La inteligencia y la seguridad no funcionan con certezas absolutas; muchas decisiones deben tomarse antes de saber si el riesgo terminará por materializarse. El problema estuvo en otra parte: la falta de certeza terminó comunicándose como si no hubiera nada que explicar.

Las autoridades podían haber dicho algo sencillo desde el principio: existe información sobre una posible amenaza relacionada con organizaciones criminales; no tenemos elementos para confirmar que vaya a ocurrir un ataque, pero estamos tomando medidas preventivas. Habría sido suficiente.

En cambio, los mexicalenses tuvieron que enterarse de la existencia de un posible riesgo a través de una alerta emitida por Estados Unidos, mientras del lado mexicano se insistía en que no había un “tema en específico”. Naturalmente, el vacío comenzó a llenarse de preguntas: ¿había una amenaza o no?, ¿por qué Estados Unidos suspendía actividades mientras México pedía tranquilidad?, ¿Qué información tenía cada gobierno?, ¿por qué desplegar cientos de agentes si no existía un riesgo que atender?

El problema no es que Estados Unidos tenga inteligencia propia ni que México comparta información con agencias estadounidenses. De hecho, el decomiso que detonó esta historia demuestra que la cooperación bilateral puede ser fundamental para combatir a organizaciones criminales que no reconocen fronteras. La cuestión es otra: cuando una amenaza afecta directamente a una ciudad mexicana, sus habitantes deberían recibir información clara de sus propias autoridades.

No se trata de revelar fuentes, exponer investigaciones o comprometer operativos. Se trata de entender que informar también es una tarea de seguridad. La incertidumbre no desaparece cuando el gobierno decide decir poco; al contrario, cuando la información oficial es insuficiente, el espacio lo ocupan los rumores, las filtraciones y las versiones de otros gobiernos.

Y entonces ocurre algo particularmente delicado: la discusión deja de ser sobre la amenaza y comienza a ser sobre la credibilidad de quienes deberían explicarla.

Eso es lo que dejó al descubierto el episodio de Mexicali. Quizá nunca sepamos qué tan cerca estuvo de concretarse el riesgo; es posible incluso que las medidas preventivas hayan contribuido a que nunca ocurriera nada. En seguridad, a veces el éxito consiste en evitar que algo suceda. Pero, si ese fue el caso, las autoridades también deberían poder explicarlo.

Una ciudadanía no tiene por qué escoger entre alarmarse por una advertencia extranjera o tranquilizarse ante una declaración oficial. Tiene derecho a algo mucho más básico: saber qué saben sus autoridades, qué no saben todavía y por qué, ante esa incertidumbre, están tomando determinadas decisiones.
La amenaza quizá nunca llegó, pero la confusión sí. Y esa también tiene consecuencias.