Hay un abismo difícil de conciliar en la narrativa que rodea a Carlos Torres y Marina del Pilar. No se trata únicamente de que Estados Unidos haya colocado al exesposo de la gobernadora en una lista de sancionados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Lo verdaderamente inquietante es la fractura entre lo que hoy sostiene el Departamento del Tesoro y la imagen de probidad que durante años proyectaron el propio Torres y el gobierno de Baja California.

La acusación estadounidense es tan grave como específica. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostiene que Carlos Torres utilizó su influencia política para facilitar las actividades de una facción del cártel en Mexicali y protegerla de la intervención de las autoridades. Según el Departamento del Tesoro, Torres habría recibido pagos mensuales y trabajado junto a su hermano, Luis Alfonso Torres, para canalizar y lavar recursos provenientes de sobornos. La dependencia sostiene que la corrupción había alcanzado los niveles más altos del gobierno estatal.

Torres lo niega todo. En una carta difundida tras las sanciones, aseguró no tener relación con ningún grupo criminal y anunció que acudirá ante las autoridades para aclarar los señalamientos. Ese derecho a la defensa debe quedar fuera de debate: una acusación, incluso proveniente de Washington, no sustituye una sentencia ni determina responsabilidad penal en México.

Pero una cosa es la responsabilidad jurídica de Carlos Torres y otra, diametralmente distinta, la responsabilidad política que debe asumir la gobernadora Marina del Pilar.

Carlos Torres no era un personaje periférico. Fue el esposo de la mandataria durante aproximadamente seis años, con una trayectoria política propia y posiciones de poder dentro del entorno institucional del estado. En mayo de 2025, cuando Estados Unidos revocó las visas de ambos, la gobernadora no habló entonces de un sujeto ajeno a su vida pública. Admitió que la situación también la había alcanzado y le expresó su respaldo en términos personales, morales y políticos. Meses después, anunció el proceso de divorcio.

Por ello, resulta insuficiente que la primera respuesta oficial ante las nuevas acusaciones sea recordar el estado civil de la gobernadora.
Sí, hay un divorcio. Pero la separación ocurrió después de la revocación de las visas y no borra los años de matrimonio ni desvanece las relaciones políticas e institucionales construidas durante ese periodo. La cronología nos obliga a volver a mayo de 2025: si Estados Unidos ya había tomado medidas contra Torres, ¿qué información poseía el gobierno de Baja California?, ¿qué sabía la gobernadora?, ¿qué investigaron las autoridades mexicanas y qué explicación recibió ella?

Las interrogantes se vuelven más densas tras las sanciones de septiembre de 2026 y la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La dependencia informó que detectó operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras y que, en el contexto de las sanciones, se procedió al bloqueo de cuentas. Ya no estamos solamente frente a un señalamiento proveniente de Washington: existe también una actuación de una autoridad mexicana que exige sus propias explicaciones.

En Baja California, la presión aumenta. El Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali ya exigió una depuración de funcionarios cercanos a Torres que continúan tomando decisiones en el Ejecutivo estatal. La respuesta del gobierno ha sido burocrática: la Oficialía Mayor verificará si las empresas sancionadas tuvieron contratos públicos y remitirá los expedientes a la Secretaría Anticorrupción, mientras se insiste en que el gobierno no fungirá como vocero de los señalados.

Esa revisión es necesaria, pero insuficiente.

El asunto no puede reducirse a una auditoría de contratos. La pregunta de fondo es otra: ¿cómo es posible que un individuo señalado por Estados Unidos como intermediario para proteger al crimen organizado permaneciera tanto tiempo cerca del epicentro del poder sin que las instituciones detectaran una sola anomalía?

Aquí es donde el caso trasciende a Carlos Torres. Si las acusaciones son falsas, él tendrá la oportunidad de demostrarlo. Pero si se acreditan, la dimensión política será ineludible.

La respuesta oficial tampoco puede escudarse en que Marina del Pilar no aparece en la lista de la OFAC. Eso marca una diferencia jurídica fundamental, pero no resuelve la crisis política. Tampoco basta argumentar que la gobernadora desconocía las actividades de su entonces esposo. Si así fue, habría que explicar cómo una persona con semejante cercanía al poder pudo actuar durante años, según los señalamientos estadounidenses, sin que las instituciones que encabezaba la gobernadora detectaran lo que ocurría.

Y existe una posibilidad todavía más delicada: que alguien dentro del aparato institucional sí tuviera información y no actuara, o que esa información nunca hubiera llegado a la mandataria. Ninguno de esos escenarios puede resolverse con un comunicado de prensa.

Cualquiera de ellos exige rendición de cuentas.

A Marina del Pilar no se le están pidiendo explicaciones por haber sido la esposa de Carlos Torres. Se le están pidiendo porque es la gobernadora de Baja California y porque, de acuerdo con los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la presunta red de corrupción y protección al crimen organizado habría operado durante su gobierno y desde espacios vinculados al poder estatal. No se trata de trasladarle automáticamente la responsabilidad penal de su exesposo, sino de exigirle una explicación política sobre lo que ocurrió dentro y alrededor de la administración que encabeza.

Confundir la complicidad penal con la responsabilidad política es una forma cómoda de cerrar un debate que apenas comienza. A Marina del Pilar no se le puede pedir que responda penalmente por las acusaciones contra Carlos Torres, pero tampoco puede pretender que el divorcio cierre las preguntas sobre lo ocurrido mientras estuvieron casados y él permanecía cerca del poder. La pregunta más incómoda es, quizá, la más sencilla: ¿cómo nadie vio lo que, según Estados Unidos, hacía Carlos Torres?

El divorcio explica una situación sentimental presente. No explica qué ocurrió dentro del aparato estatal mientras esta presunta red de corrupción operaba, según Estados Unidos, en el círculo más cercano al Ejecutivo. Y eso es justamente lo que los bajacalifornianos tienen derecho a saber.

No se trata de condenar anticipadamente a Torres ni de culpar en automático a la gobernadora. Se trata de entender cómo una presunta estructura de narcoprotección pudo operar a la sombra del gobierno durante años sin que las instituciones encargadas de vigilar, investigar y combatir el crimen organizado encendieran las alarmas.

Porque decir que nadie sabía nada no resuelve el problema. Si nadie sabía, estamos frente a una falla institucional de enorme gravedad. Si alguien sabía y no informó, la responsabilidad cambia de dimensión. Y si alguien sabía y decidió mirar hacia otro lado, entonces la discusión deja de ser exclusivamente sobre Carlos Torres y empieza a tocar algo mucho más profundo: la naturaleza misma del poder en Baja California.