Cada vez que las lluvias golpean a Baja California con inundaciones, deslaves y damnificados, surge la misma pregunta incómoda: ¿por qué seguimos enfrentando como sorpresas tragedias cuyos riesgos ya conocíamos?

El reciente paso de la tormenta tropical Rachel reavivó este debate. En Ensenada, las inundaciones arrastraron vehículos y provocaron graves daños materiales; en Tijuana, los deslizamientos de tierra pusieron en riesgo a familias de la colonia 3 de Octubre y Villa Urrutia, donde los efectos del colapso del terreno también complicaron el acceso a servicios básicos y transporte. En distintas comunidades, las familias quedaron frente a la incertidumbre de cómo recuperar sus viviendas y su patrimonio.

La respuesta inmediata es indispensable. Rescatar a quienes quedaron atrapados, habilitar albergues y restablecer servicios son tareas urgentes. Reconocerlo, sin embargo, no nos exime de cuestionar qué ocurre cuando termina la emergencia. Que las autoridades activen operativos, entreguen despensas y retiren el lodo no significa que hayamos reducido nuestra vulnerabilidad. Significa que atendimos las consecuencias inmediatas; todavía falta saber si hicimos algo para evitar que vuelvan a repetirse.

Ahí radica el problema de fondo: la discusión pública suele concentrarse en cómo reaccionar al desastre, cuando debería enfocarse también en cómo reducir los riesgos que lo convierten en tragedia.

Nadie le exige a un gobierno que impida la lluvia. Los fenómenos meteorológicos extraordinarios escapan a su control. Pero la exposición de las comunidades al peligro, las deficiencias de la infraestructura, el crecimiento urbano sin suficiente planeación y la capacidad para anticipar riesgos sí forman parte de las responsabilidades públicas.

Tijuana ofrece un ejemplo de esta contradicción institucional. En enero de 2025, el Ayuntamiento aprobó la actualización de su Atlas Municipal de Riesgos, una herramienta diseñada para orientar el desarrollo urbano y las acciones de prevención. La propia administración municipal reconoció que el documento llevaba aproximadamente diez años sin actualizarse.

La pregunta es qué sucede con esa información una vez que se convierte en un documento oficial. ¿Se traduce en obras pluviales prioritarias? ¿En controles efectivos para impedir nuevas construcciones en zonas de alto riesgo? ¿En presupuestos suficientes para intervenir los puntos críticos antes de la siguiente temporada de lluvias? Tener un diagnóstico no equivale a resolver el problema; publicar un plan tampoco garantiza su ejecución.

Esta discusión debe extenderse a todo Baja California. Los riesgos de Mexicali no son los mismos que los de Ensenada o San Quintín. Por eso, una estrategia estatal de protección civil no puede limitarse a desplegar brigadas ante cada contingencia como si se tratara de episodios aislados. Necesita responder a las condiciones particulares de cada municipio y establecer prioridades que no desaparezcan cuando cambie la administración.

¿Por qué cuesta tanto sostener una política de prevención que trascienda los periodos de gobierno?

Una parte de la respuesta está en los incentivos de la política. Atender una emergencia produce capital político inmediato: hay rescates, maquinaria en movimiento y funcionarios entregando apoyos. La prevención, en cambio, exige inversiones que pueden tardar años en materializarse y cuyos beneficios son, paradójicamente, menos visibles. Cuando funciona, una inundación evitada no genera titulares; un deslave que no ocurre no ofrece una fotografía para el informe de gobierno.

Esta asimetría no demuestra, por sí sola, que cada decisión de emergencia responda a un cálculo electoral. Pero sí ayuda a explicar por qué las acciones de corto plazo pueden terminar ocupando el espacio que debería corresponder a las políticas de prevención.

No basta con evaluar a nuestros gobernantes por la rapidez con la que responden cuando suenan las sirenas. También debemos exigir cuentas sobre las obras que planearon, los recursos que destinaron a reducir riesgos y los resultados que consiguieron antes de que llegara la tormenta.

Sin presupuestos multianuales, metas verificables y compromisos que sobrevivan a los cambios de administración, cada nuevo gobierno corre el riesgo de volver a diagnosticar problemas que sus antecesores ya conocían. La prevención requiere continuidad precisamente porque sus resultados no siempre caben en un periodo de gobierno.

También debemos hablar de las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad. Es fácil dictaminar desde un escritorio que no deberían habitar terrenos inestables; es mucho más difícil responder qué alternativas de vivienda asequible tienen. La prevención no puede limitarse a colocar letreros de «zona de riesgo» o recomendar evacuaciones. Cuando permanecer en una vivienda representa un peligro, las autoridades deben evaluar alternativas reales de reubicación y garantizar que el ordenamiento territorial no se convierta en una política que simplemente desplace el problema de un lugar a otro.

Después de Rachel, Baja California necesita algo más que un balance de daños y anuncios de apoyo. Requiere una estrategia de prevención y recuperación a largo plazo, con presupuesto identificable, responsables definidos, prioridades por municipio y metas auditables. Los gobiernos locales y el estatal tienen atribuciones distintas, pero complementarias. Esa distribución de responsabilidades no debería convertirse en un pretexto para trasladarse mutuamente la factura del desastre de una ventanilla a otra.

No sabemos cuándo llegará la próxima tormenta ni qué comunidades serán las más afectadas. Sí sabemos que existen zonas expuestas a inundaciones y deslaves, y que reducir esa vulnerabilidad exige decisiones que no pueden posponerse hasta la siguiente emergencia.

La lección es clara: no podemos medir la capacidad de un gobierno únicamente por la rapidez con la que reacciona cuando el agua ya llegó al cuello, sino por lo que hizo antes para reducir el riesgo.

La lluvia eventualmente se detiene. La responsabilidad pública, en cambio, no debería terminar cuando sale el sol.