Una agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) con sede en San Diego enfrenta cargos federales por presuntamente permitir el cruce de vehículos con migrantes indocumentados a través de la frontera entre Estados Unidos y México. La funcionaria se suma a otros dos agentes locales de CBP acusados a principios de este mes en un caso que las autoridades califican como parte de una red de complicidad interna.

Según la acusación formal emitida por un gran jurado, los oficiales, mientras se encontraban en los módulos de inspección en el puerto de entrada de San Ysidro, habrían permitido el paso de ciertos vehículos previamente acordados con sus cómplices. Los fiscales alegan que los acusados informaban a sus colaboradores cuándo estarían de turno y en qué carriles, para facilitar el cruce ilegal de personas.

Además, los agentes habrían hecho entradas falsas en la base de datos de CBP, reportando un número menor de ocupantes en los vehículos con el fin de encubrir la presencia de personas indocumentadas, según la acusación.

 

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Las autoridades indicaron que estos actos ocurrieron en múltiples ocasiones, involucrando a "docenas de vehículos" entre agosto del año pasado y enero.

Dos de los agentes previamente acusados son Farlis Almonte, de 38 años y residente de San Diego, y Ricardo Rodríguez, de 34 años y residente de Tijuana. Ambos enfrentan cargos por aceptar sobornos a cambio de permitir los cruces ilegales.

La más reciente acusada es Kairy Stephania Quiñonez, de 31 años y residente de Imperial Beach. Aunque enfrenta cargos por su presunta participación en el esquema, no se le imputa haber recibido sobornos.

La investigación continúa, y los fiscales federales no descartan más arrestos o acusaciones relacionadas con esta presunta red de corrupción dentro de la agencia fronteriza. Autoría de City News Service, Inc.

 

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