Un niño de apenas un año de edad murió tras ingresar de urgencia al Hospital General de Tijuana, y hoy su madre enfrenta un proceso penal por homicidio agravado, en un caso que ha vuelto a colocar bajo la lupa la violencia dentro del ámbito familiar y las fallas en su detección oportuna.

Los hechos se remontan a la tarde del 23 de diciembre de 2025, en una vivienda de la colonia El Florido II Sección. De acuerdo con la narrativa presentada ante el juez, el menor quedó inconsciente luego de sufrir agresiones físicas dentro del domicilio. Fue trasladado al hospital, pero ya no presentaba signos vitales al momento de su valoración médica.

Las investigaciones ministeriales establecieron como causa de muerte traumatismo craneoencefálico y abdominal, además de indicios compatibles con el llamado síndrome del niño maltratado. Con base en estos elementos, la Fiscalía estatal solicitó la vinculación a proceso de Danna Paola “N”, madre del menor, por el delito de homicidio agravado por razón de parentesco.

Durante la audiencia celebrada el 26 de diciembre, un juez de control determinó que existían datos suficientes para iniciar el proceso penal e impuso la medida cautelar de prisión preventiva, al tiempo que concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria. La resolución no implica una sentencia y la imputada mantiene su derecho a la presunción de inocencia.

Hasta ahora, la defensa no ha ofrecido una versión pública de los hechos ni ha adelantado la línea que seguirá durante el proceso. Tampoco se ha aclarado el papel del padre del menor, quien, según los primeros informes, se encontraba en el domicilio al momento de lo ocurrido.

Más allá del expediente judicial, el caso ha generado inquietud entre especialistas y organizaciones civiles que advierten sobre la persistencia de la violencia contra la primera infancia y la necesidad de mecanismos eficaces de prevención, detección y acompañamiento, especialmente en contextos domésticos donde las agresiones suelen permanecer ocultas hasta que es demasiado tarde.

El proceso apenas comienza y será en los tribunales donde se determine la responsabilidad penal. Mientras tanto, la muerte del menor deja una pregunta abierta sobre cuántas señales de alerta pasan inadvertidas antes de que la tragedia se vuelva irreversible.