Un total de 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en México desde 2016, según cifras difundidas por organizaciones civiles. El informe destaca que estos homicidios podrían estar relacionados directamente con su labor en la protección de territorios, ecosistemas y recursos naturales.

 

 

La denuncia fue presentada por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con motivo del Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, conmemorado el pasado  17 de julio. En su comunicado, la ONG subrayó que esta fecha debe servir como un llamado urgente al Estado mexicano para saldar la deuda con quienes arriesgan la vida por el medio ambiente.

 

Defensores pertenecientes a pueblos indígenas

Del total de víctimas, 77 eran hombres y 7 mujeres. Además, se informó que 44 de las personas asesinadas pertenecían a pueblos indígenas y una más a la comunidad afromexicana, lo que evidencia un patrón de violencia particularmente enfocado en comunidades históricamente marginadas.

 

El informe también advierte sobre un entorno generalizado de violencia hacia quienes ejercen labores de defensa ambiental. Además de los asesinatos, las organizaciones documentan agresiones como amenazas, hostigamiento judicial, desplazamiento forzado, vigilancia, criminalización y desapariciones forzadas.

 

Presencia del crimen organizado en muchos territorios

El crimen organizado ha agravado la situación, al ejercer un control violento sobre diversas regiones del país, especialmente en zonas ricas en recursos naturales. Este fenómeno se ha traducido en un aumento en la conflictividad social y ambiental, donde las personas defensoras son blanco constante de ataques.

 

Las organizaciones civiles alertaron sobre la intensificación de actividades ilícitas como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies y la apropiación violenta de tierras. Estas prácticas no solo deterioran el medio ambiente, sino que también colocan en riesgo a las comunidades que luchan por protegerlo.

 

El informe señala que el narcotráfico y otras economías criminales se han vinculado de manera creciente con la degradación ambiental. Esta convergencia de intereses ilícitos ha generado escenarios de riesgo extremo para quienes defienden los bienes comunes del país.

 

Ante este panorama, se reiteró la necesidad de que el Estado implemente políticas públicas eficaces de protección y garantice condiciones seguras para el ejercicio del activismo ambiental, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social y territorial.

 

 

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