La reciente reforma a la Ley de Amparo ha generado preocupación entre especialistas en derecho, quienes advierten que sus alcances no solo impactarán a grandes corporativos o contribuyentes con deudas fiscales, sino a la ciudadanía en general. Así lo expusieron en conferencia conjunta la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, la Academia de Derecho Fiscal de Baja California y el Colegio de Abogados Ignacio Burgos.

Los tres órganos colegiados coincidieron en que la esencia del amparo ha sido siempre la protección de los derechos fundamentales frente a actos abusivos de la autoridad. Casos cotidianos como la suspensión arbitraria del servicio de agua, la negativa de medicamentos en el IMSS o un desalojo sin proceso previo han encontrado en este recurso la vía para restituir la justicia. “El amparo es el medio de defensa ciudadano por excelencia; restringirlo significa dejar a la población en la indefensión”, advirtieron.

 

Sara Chávez, presidenta de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California, alertó que en materia tributaria la reforma limita las posibilidades de impugnar créditos fiscales considerados “firmes”. Esto, explicó, perjudica especialmente a personas que desconocen que tienen un adeudo con el SAT, incluso por montos menores a mil pesos.

“Muchas veces el ciudadano ni siquiera sabe que existe un crédito fiscal hasta que le embargan sus bienes. Antes podía acudir al amparo, ahora se cerrará esa puerta, lo que deja en riesgo el patrimonio de familias enteras”, puntualizó.

El Colegio de Abogados Ignacio Burgos subrayó que la reforma es contraria al artículo 1º constitucional y a tratados internacionales, que obligan al Estado a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos. “El amparo es una garantía constitucional; restringirlo equivale a debilitar la protección que la Constitución misma mandata”, señalaron sus representantes.

 

Los abogados reconocieron que la reforma incluye aspectos positivos, como la digitalización de notificaciones y la reducción de tiempos procesales —de tres meses a 60 días naturales—, pero advirtieron que detrás de estos avances se esconden disposiciones que afectan gravemente las libertades ciudadanas.

Uno de los puntos más delicados es en materia penal: ahora, frente a acusaciones como lavado de dinero, se podrá congelar una cuenta bancaria y será el ciudadano quien deba probar la licitud de sus recursos, invirtiendo la carga de la prueba que históricamente correspondía al Ministerio Público. “Primero te congelan y luego investigan. Esto cambia radicalmente las reglas de la justicia”, sentenciaron.

 

Los tres colegios coincidieron en que la reforma no es un tema técnico reservado a abogados o grandes empresarios: impacta a cualquier persona que pueda enfrentar un acto arbitrario de la autoridad. “Lejos de fortalecer la justicia, limita al ciudadano frente al Estado. Y eso, inevitablemente, nos afecta a todos”, concluyeron.

 

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