La Comisión Nacional de Derechos de AMLO (Cndamlo), previamente conocida como la CNDH, ha emitido un veredicto que ha avivado las llamas del debate político en México.

 

La determinación de que no existe violación a los derechos humanos de la senadora Xóchitl Gálvez en las menciones que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus producciones matutinas ha levantado una serie de interrogantes sobre la relación entre la crítica política y el respeto a los derechos fundamentales.

 

Dicho lo anterior, respiremos profundo para seguir leyendo…

 

El caso en cuestión involucra los señalamientos hechos por el presidente López Obrador sobre la senadora Xóchitl Gálvez. La acusación principal gira en torno a la exposición de datos fiscales y financieros de la senadora. Esta situación plantea una interesante encrucijada entre el ejercicio de la libertad de expresión y la posibilidad de que esa expresión pueda ser percibida como beligerante y violentadora. Porque el presidente no puede estar usando información fiscal para manipular, denostar, acusar, intimidar, extorsionar, etc.

 

La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier democracia. No obstante, su ejercicio debe ir acompañado de responsabilidad y respeto por los derechos humanos. En un contexto donde los líderes políticos pueden ejercer un poder significativo sobre la percepción pública y la imagen de sus contrapartes, es crucial encontrar un equilibrio entre la crítica legítima y el potencial daño a la dignidad y reputación de los individuos, aun tratándose del abuso del presidente.

 

La resolución de la “CNDAMLO” ha sido vista por algunos como un reflejo de un clima político polarizado y ha generado preocupaciones sobre la independencia de esta comisión en particular. Aunque el fallo está basado en “el análisis de la legalidad y constitucionalidad de las acciones del presidente”, la percepción pública puede interpretarlo de manera diferente.

 

En última instancia, este caso pone de manifiesto la importancia de que las instituciones responsables de salvaguardar los derechos humanos sean vistas como imparciales y rigurosas en su evaluación. También resalta la necesidad de que los líderes políticos aborden las críticas de manera constructiva y cuidadosa, manteniendo un balance entre la expresión de opiniones y el respeto a la dignidad de los individuos. ¡Y de la propia dignidad del cargo que ostentan!

 

Es evidente el abuso de poder.

 

La intersección entre la crítica política y los derechos humanos es una cuestión compleja y desafiante. Los desacuerdos políticos son inevitables en cualquier democracia vibrante, pero es crucial que estas diferencias se aborden de manera respetuosa y con un enfoque en el verdadero bienestar de la sociedad en todo su conjunto.

 

El veredicto de la CNDAMLO es solo un capítulo en esta narrativa, que continúa evolucionando y que nos plantea cuestiones fundamentales sobre el ejercicio abusivo del poder y la protección de los derechos básicos en un entorno político polarizado.

 

Por eso, la reciente y desafortunada decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de AMLO (CNDAMLO) de no encontrar violación a los derechos humanos de Xóchitl Gálvez en las declaraciones del presidente López Obrador despierta reflexiones profundas sobre la delicada danza entre la crítica y el respeto a la dignidad.

 

Si bien es necesario y saludable que los líderes políticos y personajes públicos sean sometidos a escrutinio, este proceso debe llevarse a cabo dentro de los límites del respeto a la ley y la responsabilidad. La garantía de los derechos humanos debe permanecer inquebrantable en todo momento, independientemente de las tensiones políticas. En un entorno en el que las palabras y las acciones de los líderes pueden tener un impacto significativo en la percepción pública y la estabilidad social, es esencial que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos mantengan su integridad, independencia y objetividad.

 

El papel de estas instituciones es trascendental para garantizar que las sociedades democráticas funcionen de manera justa y equitativa, incluso en medio de la divergencia de opiniones y la discordia política, pero no pueden defender al presidente.

 

¿Para qué se creó la CNDH?

 

Para combatir y erradicar el abuso del poder. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue creada en 1990, a través de un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, para promover y vigilar que los funcionarios y las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos.

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue creada en México para ser una entidad autónoma y descentralizada del gobierno cuyo propósito principal es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por México.

 

La CNDH tiene como objetivo investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales, estatales y municipales, así como promover una cultura de respeto a los derechos fundamentales en la sociedad y proporcionar asesoría y recomendaciones para prevenir y corregir abusos. En resumen, la CNDH se creó para salvaguardar y proteger los derechos humanos de todas las personas en México, independientemente de su origen, género, raza, religión u orientación, y para asegurar que los agentes del gobierno operen dentro de los límites establecidos por la ley y respeten la dignidad de cada individuo.