El Poder Judicial del estado ha dictaminado que el gobernador Samuel García no podrá tomar licencia hasta que se resuelva la incertidumbre sobre quién lo sustituirá durante su precampaña por Movimiento Ciudadano (MC). El magistrado Alberto Ortega Peza, de la primera sala unitaria civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, otorgó una suspensión que invalida la licencia aprobada para el mandatario.

La controversia surge en medio de la disputa entre los legisladores de oposición y el Ejecutivo estatal sobre quién deberá cubrir la ausencia de García durante su precampaña presidencial. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Mauro Guerra Villarreal, presentó la controversia de inconstitucionalidad 25/2023, desencadenando la orden judicial que impide la licencia que debía entrar en vigor el 2 de diciembre.

Samuel García buscaba la licencia en cumplimiento con la Constitución, que establece la separación de la gubernatura seis meses antes de las elecciones presidenciales. Sin embargo, la resolución judicial especifica que no puede ausentarse hasta que el Congreso estatal designe a un Gobernador Interino.

La designación de Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, realizada por el Congreso de Nuevo León el pasado miércoles, fue seguida por la irrupción de manifestantes afines a García en el recinto legislativo. El gobernador saliente responsabilizó a los partidos PRI y PAN del caos, mientras que el PRD solicitó al INE la cancelación de la precandidatura presidencial de García por violar la Constitución. La resolución judicial, que fue colocada en las puertas del Palacio de Gobierno en Monterrey, evidencia la compleja situación política en el estado.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó la capacidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado para suspender su licencia, luego de que un juez dictaminara que no puede apartarse de sus funciones hasta resolver la designación del Gobernador Interino en el Congreso local. A través de la red social X (antes Twitter), García afirmó que el Tribunal no tiene la competencia para detener su licencia y acusó a la institución de estar "controlada por el PRIAN". Además, argumentó que la licencia otorgada por el Congreso local para su precampaña presidencial es un derecho inalterable, insistiendo en que no está sujeta a la interpretación de ningún juez.