Los legisladores de la Unión Europea hicieron un acuerdo preliminar este viernes para una nueva ley de gran alcance que permita regular la inteligencia artificial, uno de los primeros intentos globales para limitar el uso de una tecnología en rápida evolución que ha ganado gran atención del ojo público durante este año.

 

La denominada “Acto I.A.” (A.I. Act en inglés), es una ley que se establece como una referencia para los países que tratan de aprovechar los beneficios potenciales de la tecnología, al tiempo que intentan protegerse contra sus posibles riesgos. 

 

Algunos de los efectos más temidos de la inteligencia artificial son la automatización de puestos de trabajo, la difusión de desinformación en Internet y la puesta en peligro de la seguridad nacional. La ley aún debe superar algunos trámites finales para su aprobación, pero el acuerdo político significa que se han establecido las líneas principales sobre las que operará.

 

Los políticos europeos centraron la nueva legislación en torno a los usos más arriesgados de la Inteligencia Artificial por parte de empresas y gobiernos, incluidos los destinados a hacer cumplir la ley y el funcionamiento de servicios cruciales como el agua y la energía. 

 

Los fabricantes de los mayores sistemas de Inteligencia Artificial de uso general, como los del chatbot ChatGPT, se enfrentarán a nuevos requisitos de transparencia. Los chatbots y el software que crea imágenes manipuladas, como los "deepfakes", tendrán que dejar claro a la gente que vea sus imágenes que estas fueron generadas por Inteligencia Artificial, según funcionarios de la UE y borradores anteriores de la ley.

 

El uso de software de reconocimiento facial por parte de la policía y otros organismos estatales quedaría restringido, salvo en determinadas excepciones por motivos de seguridad nacional. Las empresas que infrinjan la normativa podrían enfrentarse a multas de hasta el 7% de sus ingresos mundiales.

 

El acuerdo se logró después de tres días enteros de negociaciones en Bruselas e incluso en el último momento antes de la firma se seguía discutiendo respecto al lenguaje del mismo.

 

El tiempo de la entrada en vigor del acuerdo ha generado dudas respecto a la efectividad de la ley, pues esta tardará entre 12 y 24 meses para comenzar a ser aplicada. 

 

Con información del New York Times.