En Baja California se han registrado denuncias y acusaciones que apuntan a un presunto esquema de corrupción y complicidad en diferentes niveles del gobierno estatal, afectando principalmente el sistema aduanero y el Servicio de Atención Tributaria de Baja California (SATBC).

 

Uno de los personajes centrales en estas acusaciones es Baltazar Terrazas Ciapara, conocido como "El Balta". Anteriormente vendedor de autos usados, Terrazas ha sido señalado como un operador financiero clave en este esquema, beneficiándose del programa de regularización de "autos chocolate" del gobierno federal y supervisando empresas locales y en otros estados de México, las cuales estarían vinculadas con actividades comerciales, inmobiliarias y cambiarias.

 

Baltazar Terrazas Ciapara, cuñado y operador de Luis Torres Torres

 

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Terrazas está relacionado con Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Torres, quien fue administrador de la aduana en Tijuana durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ha sido señalado con actividades ilícitas en la aduana de Tijuana. Asimismo, Torres ha sido investigado por enriquecimiento ilícito y conexiones con el llamado cartel de la aduana.

 

Luis Torres Torres, ex administrador de Aduana de Tijuana y cuñado de la gobernadora

 

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Otras figuras mencionadas en las denuncias incluyen a Ricardo Daniel Garduño, ex subadministrador del Aeropuerto de Tijuana y actual Oficial Mayor en la Fiscalía General del Estado (FGE), y a varios empleados del SAT implicados en extorsiones en el aeropuerto de Tijuana. Se alega que estos empleados, bajo la coordinación de Garduño, formaban parte de una banda dedicada a la extorsión de usuarios que enviaban mercancías a través del aeropuerto.

 

Ricardo Daniel Garduño Barrera, subadministrador del Aeropuerto de Tijuana

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Además, se han reportado prácticas corruptas en la aduana de Otay, donde funcionarios del SAT de Baja California supuestamente exigen pagos ilegales a importadores y exportadores, amenazando con detener y embargar los embarques de mercancías.

 

 

El gobierno estatal bajo la dirección de la gobernadora Ávila Olmeda también ha sido señalado por favorecer a las familias Torres Torres y Lameiro Camacho, esta última dueña de bares y moteles además de ser socios de la gobernadora en un negocio de comida orgánica, en la asignación de puestos clave para el manejo de recursos económicos.