La Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado temporalmente la entrada en vigor de una controvertida ley de Texas que otorga a las autoridades policiales el poder de detener y expulsar a migrantes bajo sospecha de ingreso ilegal al país. La medida, aprobada por la Legislatura de Texas el año pasado, estaba programada para entrar en vigencia este próximo domingo.

La orden de suspensión fue emitida por el juez conservador Samuel Alito, en respuesta a una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno del presidente Joe Biden. La ley, conocida como SB 88-4, se ha considerado una de las medidas antimigrantes más severas en la historia de Estados Unidos.

La semana pasada, un magistrado federal en Texas había postergado la implementación de la ley después de una demanda presentada por varias organizaciones y el condado de El Paso, argumentando que la legislación era inconstitucional ya que las autoridades locales no deberían tomar medidas migratorias propias del gobierno federal.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revocó la decisión del magistrado, llevando la disputa legal a la Corte Suprema. Alito ha establecido el plazo hasta el 13 de marzo para que los jueces del Supremo determinen los siguientes pasos en esta controversia entre Texas y el Gobierno de Biden.

La SB 88-4 convierte en delito menor el ingreso irregular de un extranjero al estado desde una nación extranjera, siendo considerado un crimen grave con una pena de hasta 20 años de prisión en caso de reincidencia. Además, otorga a la Justicia estatal la facultad de ordenar la expulsión sin proceso legal y permite a la policía arrestar a individuos sospechosos de ingreso ilegal, teniendo la opción de expulsarlos a México sin previo arresto.

En la presentación de emergencia, la fiscal de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, argumentó que la ley es "rotundamente inconsistente" con los fallos anteriores del Supremo, destacando la responsabilidad esencial del Gobierno nacional en la admisión y remoción de personas no ciudadanas.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, lamentó el bloqueo temporal pero aseguró que continuará defendiendo la ley. Por otro lado, los demandantes liderados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas expresaron en un comunicado su preocupación por la posibilidad de discriminación racial, especialmente contra los hispanos, y urgieron a la Corte Suprema a mantener la decisión que impide la entrada en vigor de la ley.