Hoy que tanto se habla de la violencia política de género, una política como es el caso de Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, ha creado otro género de violencia, en un claro ejemplo de negligencia, falta de inteligencia y re victimizando a mujeres policías que denunciaron que fueron enviadas a un penal de hombres para sofocar un motín; sin la capacitación que eso requiere, ni el equipo adecuado y sin las medidas de seguridad necesarias, es inexcusable desde cualquier punto de vista y era evidente el riesgo a la integridad física de esas valientes mujeres.

 

Sin afán de acentuar la brutalidad que enfrentaron las policías, en Desde Feeling.Mx tenemos que agregar, que sólo faltó que las mandaran desnudas a sofocar el motín y las más bajas pasiones al penal de hombres.

 

Las denuncias que han hecho públicas, de abuso sexual por parte de algunos reclusos son alarmantes y evidencian la grave situación a la que se enfrentaron estas policías al ser enviadas a una situación tan peligrosa e inadecuada. Es inaceptable que se exponga a las mujeres policías a este tipo de riesgos, especialmente sin el equipo de protección necesario y sin un plan o protocolo adecuado para abordar la situación.

 

Se nota la falta de preparación y de supervisión por parte de las autoridades, incompetentes en este caso, y es necesario que se investigue a fondo para determinar las responsabilidades para tomar medidas correctivas. Además, es imperativo que se brinde apoyo y protección a las mujeres policía afectadas por este lamentable hecho, así como que se implementen medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.

 

La indignación de la población, manifestada a través de las protestas en las calles de Campeche, es comprensible y refleja la demanda de justicia y de rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables. La destitución de la gobernadora Layda Sansores y su secretaria de seguridad, Marcela Muñoz, es una exigencia legítima por poner en riesgo la vida de las mujeres policía y por su negligencia en el pésimo manejo de una crisis.

 

Este hecho condenable debe ser investigado a fondo y las responsabilidades deben ser claras y contundentes. No podemos permitir que la seguridad y la dignidad de las mujeres policía mexicanas sean vulneradas de esta manera. Es necesario garantizar condiciones de trabajo seguras y respetuosas para todas las personas que dedican su vida a proteger a la sociedad.