Después de los eventos recientes relacionados con el Instituto Nacional de Migración en Baja California y las acciones de dos ex funcionarios de la institución, diversos albergues y grupos civiles que defienden los derechos de los migrantes y refugiados han pedido una revisión del comportamiento de las autoridades.

 

“Es muy lamentable que aun en tiempos de reflexión, se continúe utilizando su figura como moneda de cambio, especialmente en tiempos electorales con la presión constante de las autoridades migratorias de ambos países: México y EE.UU con medidas de contención y persecutorias que violentan sus derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de tránsito y al asilo humanitario”, señala el comunicado de la Coalición Pro Defensa del Migrante.  

 

 

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En esa línea, destacan la necesidad apremiante de aplicar acciones efectivas para proteger y asegurar la seguridad de los lugares donde se concentran migrantes, mediante la instalación de sistemas de vigilancia con cámaras y la transparencia en la divulgación de información.

 

Este problema no es nuevo, ya que desde la llegada de la Guardia Nacional en 2019, varios grupos y personas migrantes han advertido sobre la creciente militarización de las autoridades migratorias, que llevan a cabo detenciones arbitrarias y que están fuera del marco legal. Esto subraya la necesidad de realizar cambios en las políticas públicas y migratorias vigentes.

 

“Las organizaciones civiles de la Coalición Pro Defensa del Migrante A.C. en Baja California; exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales asuman su responsabilidad de proveer asistencia humanitaria integral a las personas migrantes en su paso por México, incluir acciones de protección y seguridad, programas de regularización con precios accesibles, continuar con la emisión expedita de visas humanitarias, garantizar el respeto de sus derechos humanos, el libre tránsito, la igualdad, la no discriminación”, finalizó la Coalición Pro Defensa del Migrante.