Colectivos ciudadanos han iniciado una campaña de recaudación de firmas dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el propósito de entregar una petición al Gobierno para detener los apoyos económicos a migrantes deportados. La líder de activaciones presenciales de la plataforma Actívate, Marisol Hernández, informó a EFE que hasta el momento han logrado recabar alrededor de mil 900 firmas en una plataforma web que reúne diversas iniciativas de grupos conservadores y de derecha.

 

La petición tiene como objetivo entablar un diálogo con el Gobierno sobre la “decisión precipitada” de otorgar 110 dólares mensuales durante seis meses a los migrantes venezolanos, con la intención de facilitar su retorno a su país de origen, detalló Hernández. Según expresó, la preocupación radica en que estos recursos son mexicanos y que, en un contexto donde existen necesidades urgentes en el país, como el tratamiento del cáncer de mama y otras enfermedades, se debería priorizar su uso.

 

Además, Hernández afirmó que estarán atentos para asegurarse de que los gastos estén debidamente registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, y que se demuestre que realmente están beneficiando a las personas destinatarias del apoyo. La representante de la plataforma expresó su inquietud acerca del origen de los fondos destinados a este programa, señalando que hasta el momento no se ha informado de dónde procederá el financiamiento.

 

En la carta entregada en las oficinas de la SRE, dirigida a la secretaria Alicia Bárcena, se subraya que el documento recoge las firmas “de ciudadanos preocupados, que expresan su inquietud y descontento con respecto a este financiamiento”. Se argumenta que si bien México enfrenta una situación compleja con la llegada masiva de migrantes, se deben buscar soluciones que no impliquen un gasto adicional para los mexicanos.

 

El plan del Gobierno mexicano de otorgar 110 dólares mensuales a migrantes deportados de Venezuela, Colombia y Ecuador durante seis meses bajo un programa social de prácticas profesionales ha sido objeto de controversia desde su anuncio a finales de marzo por parte de la titular de la SRE. Residentes de la frontera sur de México y padres de familia han cuestionado la asignación de estos recursos, argumentando que deberían destinarse a apoyar a familias en situación de pobreza y a niños con dificultades para acceder a la educación en la región.