La mayoría de casos criminales del 2023 en México quedaron sin resolver, una situación criticada por Estados Unidos, según denunció en su informe anual de derechos humanos. Entre los delitos sin investigar ni enjuiciar se encuentran homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, lo que ha contribuido a mantener altos niveles de violencia y explotación en el país.

 

El informe del Departamento de Estado estadounidense identifica varios problemas en materia humanitaria en México, incluyendo homicidios, torturas, detenciones arbitrarias, narcotráfico, violencia de género y violencia contra el colectivo LGTBIQ+. No se observaron "cambios significativos" en la situación de derechos humanos en el país, y en muchas regiones, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan operando con la complicidad de las autoridades locales.

 

Además, se reportaron casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo por parte de grupos delictivos, e incluso en algunos casos por parte de la policía, funcionarios de migración y agentes de aduanas. La libertad de expresión también enfrenta "serias restricciones" debido al "descrédito oficial" a los periodistas, con políticos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, desacreditándolos y criticándolos públicamente.

 

El informe destaca las acusaciones de abusos sexuales cometidos por autoridades durante detenciones y encarcelamientos, señalando que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres cuenta con nuevas directrices desde marzo de 2023. Aunque se reconoce la detención del exdirector de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, por exponer en 2005 la implicación del exgobernador de ese estado, Mario Marín, en una red de trata sexual de menores.

 

El Gobierno tomó medidas para "identificar y castigar" a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos, según el reporte. Sin embargo, algunas ONG denuncian que sus esfuerzos son desacreditados por las autoridades mexicanas.