La farmacéutica AstraZeneca se encuentra en el centro de una controversia internacional después de reconocer en un tribunal que su vacuna contra el COVID-19 podría tener un efecto secundario potencialmente mortal.

 

Este reconocimiento llegó en respuesta a una demanda colectiva por millones de dólares presentada por familias que sufrieron lesiones o pérdidas debido a la aplicación de la vacuna.

 

La admisión de AstraZeneca abre la puerta a posibles indemnizaciones significativas para las víctimas. Sin embargo, un acuerdo entre la empresa y el gobierno británico implica que serán las autoridades quienes asuman las facturas legales, utilizando el dinero de los contribuyentes.

 

En total, son 51 casos los que se han presentado exigiendo compensación por más de 125 millones de dólares a AstraZeneca. La empresa admitió en un documento legal presentado ante el Tribunal Superior de Gran Bretaña en febrero pasado que su vacuna podría desencadenar el síndrome de trombosis con trombocitopenia en casos muy excepcionales.

 

Este caso resalta la importancia de la transparencia y la responsabilidad por parte de las empresas farmacéuticas en la producción y distribución de vacunas, así como la necesidad de un sistema de compensación adecuado para las víctimas de posibles efectos secundarios adversos.