Cada vez más legisladores republicanos están promoviendo una propuesta para modificar los mapas electorales del país. 

 

De acuerdo con NPR, los congresistas han introducido al menos doce propuestas que buscan utilizar los resultados del próximo censo de población, que se realiza cada diez años, para identificar y luego restar a los no ciudadanos de los recuentos que se usan para distribuir los escaños en la Cámara de Representantes entre los estados.

 

A pesar de que la 14ª Enmienda establece que estos recuentos deben incluir el "número total de personas en cada estado", esta semana la Cámara controlada por los republicanos podría votar el proyecto de ley para excluir a quienes no son ciudadanos estadounidenses.

 

Lo anterior ocurre mientras los republicanos utilizan la inmigración como un tema central de su campaña e intensifican afirmaciones sin fundamentos sobre el peligro que representa la votación de no ciudadanos en las elecciones federales, la cual es ilegal.

 

Estas teorías conspirativas se amplificaron en abril cuando el virtual candidato a la presidencia Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunieron en Florida para abordar el tema de los inmigrantes que votan indebidamente en los comicios federales, según el reporte de The Associated Press. Esta no es la primera vez que Trump habla del tema, ya lo había hecho en 2016.

 

Sin embargo, a pesar de las declaraciones recientes no hay evidencia de una afluencia significativa de no ciudadanos votando ilegalmente en elecciones federales o de que lo harán en el futuro. De hecho, varios estados han examinado sus listas y han encontrado muy pocos casos.

 

Según datos de el Voting Rights Lab, una agrupación de izquierdas que monitorea la legislación electoral, desde las elecciones de 2020 nueve estados han implementado nuevas leyes para reforzar la prohibición del voto de no ciudadanos, y otros 16 están considerando disposiciones adicionales.

 

Si bien estas medidas enfrentan grandes desafíos en un Congreso dividido y para su aprobación se tendrán que resolver aspectos constitucionales y desafíos prácticos, reviven una campaña de décadas para modificar los datos de población que son fundamentales para la democracia en Estados Unidos.