La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en su próximo gobierno impulsará que la extorsión sea considerada un delito grave y se persiga de oficio. Esta propuesta surge en respuesta al paro realizado por productores de limón en Michoacán, quienes denunciaron extorsiones por parte de cárteles del narcotráfico.

En una rueda de prensa, Sheinbaum subrayó la importancia de que la extorsión sea perseguida de oficio, destacando que muchas víctimas no denuncian por temor. Señaló que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, ya ha implementado esta medida a nivel estatal y expresó su intención de extenderla a nivel federal.

Sheinbaum recordó que actualmente existe una iniciativa en la Cámara de Diputados para clasificar la extorsión como un delito grave, lo que permitiría incluirla en el artículo 19 de la Constitución y aplicar prisión preventiva oficiosa. Además, enfatizó la necesidad de acompañar esta medida con reformas al Código Penal federal y estatal.

La presidenta electa también destacó la importancia de romper el círculo de miedo que impide a las víctimas denunciar, lo que a su vez dificulta la apertura de investigaciones contra los extorsionadores. Enfatizó que debe haber una estrategia específica para combatir la extorsión, que incluya la clasificación de este delito como grave, su persecución de oficio, y el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación criminal.

El paro de los productores de limón en Michoacán, que se llevó a cabo el lunes, fue motivado por los bajos precios de compra del cítrico y el incremento de extorsiones por parte de al menos tres cárteles del narcotráfico en la región, según denunció José Guadalupe Mora Chávez, hermano del fallecido Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa en 2014.

Mora Chávez acusó a los gobiernos estatal y federal de ser incapaces de impedir la extorsión a productores y empresas empacadoras de limón. Los limoneros denunciaron que las empacadoras en Michoacán les pagan entre 8 y 11 pesos por kilogramo de limón, mientras que en el vecino estado de Colima el precio alcanza hasta 18 pesos.

Además, se ha reportado que los cárteles de la droga aumentaron el "impuesto criminal" de dos a tres pesos por cada kilogramo de limón que llega a las empacadoras. Este pago forzado, conocido como "cuota", es recolectado por contadores impuestos por el crimen organizado, y repartido entre los grupos delictivos autodenominados Cárteles Unidos, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato.