Este miércoles entró en vigor la Proposición 36, aprobada por una amplia mayoría de los votantes de California en las elecciones estatales de 2024. Esta medida busca combatir los robos menores y los crímenes relacionados con drogas, problemas que han afectado gravemente a negocios y comunidades en el estado.  

 

El cambio surge tras pérdidas estimadas en más de $15 mil millones debido a robos en tiendas minoristas. La Proposición 36 reactiva una política de "tres strikes", donde las personas con tres o más delitos serán acusadas de un delito grave y podrían enfrentar hasta tres años de cárcel.  

 

Además, la medida responsabiliza a los traficantes de drogas como el fentanilo por la muerte de sus víctimas y ofrece alternativas de tratamiento para personas con adicciones, según explicó la fiscal de distrito de San Diego, Summer Stephan. “La Proposición 36 restablece el estado de derecho para proteger a negocios y empleados, además de combatir a los traficantes de fentanilo que han causado tantas tragedias,” señaló Stephan.  

 

Aunque tiene el apoyo de empresas como Walmart, Target y 7-Eleven, así como de asociaciones de fiscales y el Partido Republicano de California, la Proposición 36 enfrenta críticas. Activistas como Yusef Miller advierten que esta medida podría aumentar la población carcelaria y perjudicar a minorías y personas con problemas de adicción.  

 

La Proposición 36 revierte aspectos de la Proposición 47, que hace una década reclasificó ciertos delitos menores. Ahora, permite que los fiscales busquen condenas por delitos graves para reincidentes de robos menores y posesión de drogas como cocaína, fentanilo y heroína, aunque también da la opción de tratamiento en lugar de prisión.  

 

Los opositores, incluidos el gobernador Gavin Newsom y la ACLU, sostienen que esta medida representa un regreso a la "Guerra contra las Drogas", costará millones en recursos judiciales y penitenciarios, y no resolverá problemas como la falta de vivienda o el crimen.  

 

El impacto fiscal de esta medida podría oscilar entre decenas y cientos de millones de dólares anuales para el sistema de justicia penal estatal y local.