En una sesión histórica, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California aprobó por mayoría calificada una reforma a la Constitución Política Local que permitirá la elección directa por parte de los ciudadanos de juezas, jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado. Esta reforma también incluye la creación de órganos técnicos y administrativos independientes, que buscan garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos judiciales.

La iniciativa, que fue aprobada con 21 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, busca democratizar el Poder Judicial y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones clave para la administración de justicia en la entidad. De acuerdo con los promotores de la reforma, el objetivo es otorgar mayor legitimidad a las decisiones judiciales y contribuir al desarrollo de un Estado de Derecho sólido y a una justicia más accesible y alineada con las necesidades de la sociedad.

La reforma establece un cronograma detallado para la renovación de los cargos judiciales, alineando las elecciones locales con los procesos federales para facilitar su implementación. En este sentido, las elecciones de jueces y magistrados se llevarán a cabo mediante un proceso democrático, inclusivo y transparente, reflejando la participación activa de la sociedad. Además, la selección de los aspirantes se realizará bajo criterios claros y metodologías rigurosas, con la participación de los distintos poderes del Estado.

De acuerdo con el Dictamen número 15 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que fue presentado durante la sesión, la reforma incluye los cambios a los artículos pertinentes para la creación de los mecanismos de elección de juezas, jueces y magistrados. Además, se establece que la renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

Uno de los puntos clave de la reforma es la regulación de las campañas electorales para la elección de jueces y magistrados. Según el Artículo 5º de la reforma, las campañas para estos cargos tendrán una duración de 30 días, sin fase de precampaña. Además, durante el periodo electoral, que iniciará el primer domingo de diciembre del año anterior a la elección, se suspenderá la difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación, salvo en casos de emergencia o campañas informativas relacionadas con servicios públicos esenciales.

Aunque la reforma fue ampliamente respaldada, también generó fuertes críticas, especialmente de la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, quien expresó su preocupación por la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de nuevos organismos encargados de supervisar los procesos judiciales. La diputada Corral Quintero señaló que esta reforma "politiza" la impartición de justicia, restando valor a la experiencia y los méritos de los jueces y magistrados, al permitir que sean electos por la ciudadanía dentro de un sistema que podría estar controlado por los poderes públicos y los partidos políticos.

"Si bien la ciudadanía elegirá estos cargos, lo hará dentro de una oferta de postulaciones filtradas y controladas por los distintos poderes públicos, por grupos de poder y los propios partidos políticos, aunque se prohíba su intervención", aseguró la legisladora, quien también cuestionó las motivaciones detrás de la reforma, sugiriendo que podría ser una respuesta al malestar de la anterior titular del Poder Ejecutivo con la independencia del Poder Judicial.

Corral Quintero criticó además que la reforma se base en un "capricho" político, afirmando que, a pesar de los avances en transparencia y rendición de cuentas que promete la reforma, los problemas fundamentales de la independencia judicial y el respeto por los derechos humanos siguen sin ser resueltos.

La reforma ahora aprobada deberá ser implementada en los próximos años, con el objetivo de transformar el sistema judicial del Estado en un órgano más democrático y participativo. Los primeros pasos incluyen la emisión de una convocatoria para la elección de jueces y magistrados, que deberá realizar el Congreso del Estado dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior a la elección.

Con la implementación de esta reforma, Baja California se encamina hacia un modelo judicial más accesible y cercano a la ciudadanía, aunque el camino para asegurar su efectividad y transparencia sigue siendo objeto de debate y de atención por parte de la sociedad y las autoridades.