Ante la inminente llegada de deportaciones masivas de mexicanos desde Estados Unidos, el Cabildo de Tijuana declaró una emergencia para asignar recursos y atender la crisis humanitaria que se avecina.

Después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, promoviera la política "Laken Riley" para deportar a mexicanos que incurran en delitos menores y carezcan de estancia legal en ese país, las autoridades de Tijuana se vieron obligadas a asignar recursos de emergencia para la creación de un mega albergue con capacidad para 10,000 personas. Sin embargo, a cinco días de la toma de posesión de Trump, aún no se ha definido la ubicación exacta, y el asunto permanece en total hermetismo. Previamente, Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana, indicó que esperan definir el lugar esta semana.

"Yo creo que esta semana, espero que para el próximo jueves podamos presentar el espacio y también agendar una visita para que lo conozcan, para que sepan dónde serán atendidos los migrantes o quienes sean deportados", señaló el alcalde.

No obstante, a tan solo cinco días de la toma de posesión de Trump, los siete albergues anunciados por los gobiernos federal, estatal y municipal aún no están listos. De estos, cinco estarán en Tijuana y dos más en Mexicali. Jesús Alejandro Ruiz Uribe, representante del Gobierno Federal en Baja California, justificó la falta de avances, señalando que aún desconoce si realmente ocurrirán las deportaciones masivas anunciadas.

“No sabemos si realmente habrá deportaciones masivas. No tenemos claridad sobre si sucederá o no. Ya ven que del dicho al hecho hay mucho trecho. De cualquier forma, nosotros estaremos preparados para cualquier eventualidad, en caso de que eso ocurra”, dijo Ruiz Uribe.

Mientras tanto, los cerca de 30 albergues operados por organizaciones civiles en Tijuana se encuentran sin contacto cercano con las autoridades federales o locales para coordinar esfuerzos y apoyo en los procesos de repatriación de los mexicanos. José María García Lara, presidente de Alianza Migrante en Tijuana, consideró que, si bien se atenderá a los migrantes deportados sin recursos económicos, es urgente asignar apoyos para enfrentar la crisis a las organizaciones civiles.

“Es necesario que se destinen recursos económicos para atender esta necesidad, pero que también lleguen a las organizaciones civiles, que han sido los primeros respondientes durante años para atender la problemática de nuestros migrantes connacionales deportados y de otras nacionalidades que han llegado a esta zona fronteriza”, comentó García Lara.

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Por su parte, Sergio Tamai, director de Ángeles Sin Fronteras en Mexicali, lamentó la falta de acercamientos con los organismos que han sido los primeros respondientes ante la llegada masiva de connacionales repatriados. Estos albergues civiles han sido fundamentales en la acogida de migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos, pero ahora enfrentan el desafío de recibir a mexicanos deportados, lo que representa una situación inédita para la ciudad.

“¿Ya están los albergues? ¿Ya están los programas? El padre Murphy está resonando lo que nosotros hemos dicho: ni siquiera se han reunido con los albergues. El trabajo lo han hecho (los albergues). Yo les digo a los de Mexicali, mi admiración y respeto por los de Tijuana, pero aquí el problema es: vete a Tijuana, que ahí hay más migrantes. ¿Cómo es posible que no haya reuniones?”, cuestionó Tamai.

Por primera vez en la historia de Tijuana, la migración forzosa será de Estados Unidos hacia México, lo que representa un reto para las autoridades locales y las organizaciones civiles que históricamente han atendido a migrantes de diversas nacionalidades. Además, miles de personas de 176 países continúan llegando a la ciudad en busca de asilo en Estados Unidos.

Una crisis humanitaria se cierne sobre Tijuana. Mientras los albergues siguen sin estar listos, la ciudad se prepara para recibir a miles de connacionales que deberán dejar atrás la esperanza del sueño americano.