Con votación unánime, la XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó la Ley Daryela, una nueva legislación que establece la capacitación obligatoria en materia de género para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Baja California.

 

La ley contempla la implementación de capacitaciones anuales dirigidas a todas las personas que trabajen como servidoras públicas, independientemente de su rango, jerarquía o modalidad de contratación, abarcando los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los ayuntamientos y los organismos constitucionales autónomos.

 

 

La Ley Daryela estipula que quienes ingresen a un cargo público tendrán un plazo máximo de 90 días naturales para recibir la capacitación correspondiente. En caso de que no se les ofrezca dicha formación, deberán notificar al Instituto Estatal de las Mujeres en coordinación con las Unidades de Género o los Institutos Municipales de la Mujer.

 

El Instituto Estatal estará facultado para hacer públicos los nombres y cargos de las personas que se nieguen a participar sin causa justificada en los plazos establecidos. Además, quienes incumplan con estas disposiciones recibirán notificaciones sobre nuevas fechas para completar su capacitación. Si persisten en su negativa, se considerará como una falta administrativa, impidiendo, además, que puedan acceder a promociones dentro de la administración pública.

 

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"Daryela hizo todo bien, pero el sistema le falló", La diputada Liliana Michel Sánchez Allende, promotora de esta iniciativa, recordó el caso que inspiró la ley y señaló las graves omisiones de los servidores públicos en la atención a mujeres víctimas de violencia.

 

"Daryela hizo todo bien, hizo todo lo que el sistema espera: solicitó las órdenes de protección, creó su red de apoyo familiar, pero el sistema le falló", declaró Sánchez Allende.

 

La diputada destacó que estas fallas perpetúan la desigualdad y la violencia hacia las mujeres, además de fomentar la revictimización. Subrayó que la Ley Daryela busca transformar la administración pública mediante la concientización y el compromiso efectivo con la erradicación de la violencia de género.