El incremento de la inseguridad, el cobro de piso y la lentitud en los trámites gubernamentales han creado un entorno adverso para los emprendedores gastronómicos, forzando la clausura de establecimientos comerciales tanto en la vía pública como en locales establecidos.

 

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Ulises Cázares, empresario del sector restaurantero, afirmó que la combinación delictiva de extorsiones y la delincuencia común impacta de manera directa el flujo de clientes, reduciendo de forma severa los ingresos operativos de las PYMES del ramo.

 

"Existe el famoso cobro de piso (...); es algo incómodo que te orilla a cerrar tu negocio", señaló Cázares, quien detalló que el problema ha castigado tanto al comercio informal y semifijo como a los restaurantes fijos, sumado al constante encarecimiento de insumos, rentas y servicios públicos.

A los factores de inseguridad se suma la carga burocrática para la renovación y emisión de licencias de funcionamiento. De acuerdo con el representante comercial, obtener o actualizar permisos anuales puede oscilar entre los 18,000 y 30,000 pesos según la superficie del inmueble; sin embargo, los retrasos administrativos del sistema devienen con frecuencia en multas o suspensiones de actividades.

 

Cázares criticó además la falta de efectividad en el seguimiento de denuncias interpuestas ante las autoridades ministeriales en casos de extorsión, al señalar que los expedientes se estancan tras la apertura de las carpetas de investigación, lo que genera desincentivos para formalizar los reportes.

 

 

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