Las modificaciones al esquema de deducciones y el incremento en las medidas de fiscalización contemplados en la iniciativa de reforma presupuestaria amenazan con reducir la capacidad de las empresas para generar y mantener empleos, advirtió el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Juan Carlos Loaiza Hernández.

De acuerdo con el especialista, fijar límites a las deducciones fiscales e impedir la amortización completa de pérdidas operativas obligará a los contribuyentes a pagar impuestos aun cuando registren márgenes reducidos o saldos negativos en sus ejercicios.

 

"Si asfixiamos a los empresarios, el efecto inmediato será una menor capacidad de empleo al recortarse las fuentes de ingresos. Al limitar las deducciones, la autoridad impone una carga que repercute de forma directa en la liquidez de los negocios y en sus plantillas laborales", señaló Loaiza Hernández.

El especialista explicó que, mientras en economías desarrolladas las políticas públicas buscan incentivar la operatividad comercial y evitar el sobregasto fiscal, en México se ha configurado un entorno de alta presión administrativa. Entre los factores que obstaculizan la permanencia de las unidades económicas, citó la cancelación de sellos digitales, el exceso de trámites y los cobros ilícitos por parte de la delincuencia.

 

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Respecto al argumento gubernamental de que la acotación a las deducciones busca frenar la facturación falsa y la evasión, Loaiza argumentó que endurecer los controles sobre el sector formal sin resolver los problemas de fondo (como la inseguridad y la corrupción en los tres órdenes de gobierno) desincentiva la inversión privada y empuja la actividad económica hacia la informalidad.

 

 

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