La diócesis católica romana de San Diego está a punto de declararse en bancarrota debido a las múltiples demandas presentadas por 438 personas que afirman haber sufrido abusos sexuales por parte del clero en décadas pasadas. En documentos judiciales presentados esta semana y en una audiencia en el Tribunal Superior de San Diego el jueves, se anunció que la diócesis tiene previsto solicitar la protección por bancarrota en noviembre.

 

Si la diócesis se declara en bancarrota, todas las demandas contra ella se detendrán hasta que se complete el proceso de quiebra y se llegue a un acuerdo universal con todas las reclamaciones a través de dicho proceso. Esta sería la segunda vez que la diócesis de San Diego se declara en quiebra, habiéndolo hecho anteriormente en 2007 después de resolver 148 denuncias de abusos sexuales por un monto de 198 millones de dólares.

 

La decisión de solicitar la protección bajo el Capítulo 11 del código de bancarrota permitiría a la diócesis reorganizar sus finanzas y resolver sus deudas antes de reiniciar sus operaciones. Se uniría a otras dos diócesis de California, Santa Rosa y Oakland, que también se han declarado en quiebra recientemente.

 

La necesidad de protección legal surge a raíz de la ley AB 218 en California, la cual permitió durante tres años la presentación de reclamaciones por abusos sexuales ocurridos en el pasado, que de otra manera estarían prohibidas por los plazos legales para presentar demandas. La ley también establece la posibilidad de triplicar los daños monetarios concedidos si se demuestra que la organización ha encubierto los abusos.

 

La fecha exacta en que la diócesis de San Diego presentará la solicitud de quiebra aún no se conoce y dependerá en gran medida de la decisión del juez Eddie Sturgeon del Tribunal Superior de San Diego. Sturgeon está a cargo de 361 casos individuales presentados contra la diócesis por los 438 demandantes, los cuales se han consolidado en una acción combinada masiva.

 

La abogada de la diócesis, Marcia Roberts, mencionó en los documentos judiciales presentados que la organización planea presentar la petición de quiebra en el tribunal federal de bancarrota de San Diego durante la primera semana de noviembre. Sin embargo, los abogados de los demandantes se oponen a este calendario, argumentando que los casos pendientes podrían servir como referencia para el resto y establecer una valoración financiera que se utilizaría en un posible acuerdo global.

 

Actualmente, hay dos casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero programados para juicio en julio y septiembre. Los abogados de los demandantes afirman que las conversaciones de mediación no han sido fructíferas y que la diócesis debería iniciar el proceso de quiebra antes de noviembre o ir a juicio sobre los casos.