Ante la creciente incidencia del delito de extorsión, llamado comúnmente “cobro de piso”, que golpea al sector privado y entorpece el desarrollo económico de los ciudadanos, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una propuesta de reforma al Código Penal local ante el Congreso del estado.

 

Esta iniciativa propone la adición de la fracción VIII al artículo 224 BIS del Código Penal local, con la intención de intensificar el castigo para los extorsionadores. “La propuesta busca sancionar hasta con una mitad más de la pena, al sujeto activo del delito de extorsión, cuando el sujeto pasivo del delito sea dueño, socio o trabajador de un establecimiento comercial, industrial, de prestación de servicios o centro laboral,” explicó la legisladora.

 

El proyecto de la diputada Núñez señala que “las organizaciones criminales aprovechan la violencia creada por su misma guerra, para vender una supuesta protección a los comerciantes, a clientes, etc., que más que consolar, inquieta por las amenazas de ocasionar daño, físico o material, si no pagan cierto monto”.

 

Este delito, expone el documento, viola uno de los derechos fundamentales de las personas: el patrimonio. Las víctimas de extorsión son forzadas a realizar un pago o una contraprestación al extorsionador.

 

Con esta iniciativa legislativa, la intención es robustecer el Código Penal, explicó la legisladora, en aras de establecer una protección especial para la comunidad empresarial del estado, en respuesta a las frecuentes extorsiones que ocurren a diario en sus municipios.