Tras estar vacante desde el 29 de enero de 2020, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Baja California ya tiene al frente a su nuevo titular, el abogado Javier Salas Espinoza, designado por el Congreso del Estado.

 

La decisión se tomó durante una Sesión Extraordinaria, con 21 votos a favor y una abstención. Salas Espinoza fue elegido de una terna propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, donde también participaron los fiscales de la FGE, Hortensia Noriega León y Atalo Machado.

 

 

El nuevo fiscal, que anteriormente ocupó el cargo de Coordinador Ejecutivo en el Sistema Penitenciario del Estado, es señalado como cercano a Jorge Hank Rhon. 

 

Antes de la designación de Salas Espinoza, Baja California era el único estado del país sin un Fiscal Anticorrupción. La anterior titular, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, nombrada en diciembre de 2019, renunció un mes después citando escasez de recursos que le impedían conformar la institución y perseguir posibles actos corruptos.

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Juan Manuel Molina, aseguró que la situación con la falta de recursos no se repetirá, asegurando que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con presupuesto para su funcionamiento. Molina también recalcó la autonomía de la Fiscalía, que no dependerá del Fiscal General.

 

No obstante, la diputada Rocio Adame solicitó una revisión del tema de los recursos y pidió al Fiscal Ricardo Carpio apoyo para la Fiscalía Anticorrupción, solicitud respaldada por la legisladora Aracely Geraldo.

 

 

Salas Espinoza cuenta con una vasta experiencia en los tres órdenes de gobierno. En la federación, se desempeñó como Subdelegado de la FGR y como Subprocurador de Zona Mexicali en el estado. En el ámbito municipal, fue director de Seguridad Pública del Estado y Fiscal de Homicidios en Morelia, Michoacán.

 

Mientras que la Fiscalía ya cuenta con su titular, el diputado panista Diego Echevarría señaló la necesidad de nombrar al magistrado anticorrupción, puesto que está pendiente desde marzo de 2020.

 

Por su parte, la diputada Daylin García Rubalcaba, quien fue la única que se abstuvo en la votación, cuestionó el proceso integral del modelo Anticorrupción.