Derivado de un caso en particular, donde una madre no ha podido acceder a la convivencia con su hija, por siete años, la Red de Mujeres Unidas por Baja California y el Colectivo CESODI presentaron una denuncia en contra del juez 3ro. de lo familiar, Mtro. Gustavo Adolfo Villaresca Muñoz y su secretario de acuerdos, Guillermo Antonio Escobedo Bravo, Tijuana B C, por no aplicar la “Ley Vicaria”.

 

Las denunciantes señalan, a los mencionados, de obstaculizar y retrasar el proceso bajo esta perspectiva, donde se violenta utilizando a los hijos, no solo por parte del agresor, sino que denuncias a las autoridades de violencia institucional.

 

 

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Mencionan que  no solo en Baja California existe este tipo de omisión por parte de las autoridades, sino que en todo el país, al no recibir sus denuncias en las fiscalías, juzgados y tribunales.

 

Por su parte, Miriam Ayón, Presidenta de la Red de Mujeres Unidas por Baja California dijo que desafortunadamente este es solamente un ejemplo de lo que están viviendo todas las madres, ya que  los operadores de justicia, integrantes del poder judicial, no la reconocen, tanto en sus actuaciones, al juzgar y al momento de llevar sus audiencias.

 

“Yo haría un llamado a los legisladores que también fueron inicialistas de esta reforma, como lo es la Dip. Michel Sánchez, Dip. Samuel Peña, Dip. Rosa María Zamarripa, Dip. Gloria Monserrat Murillo para que estén atentos, ya que no es solamente la aprobación de una ley, sino también que se haga un seguimiento a que los jueces, el Poder Judicial, la Fiscalía, implementen esta Iniciativa y no sea como otras leyes que terminan siendo letra muerta y que no se les da acceso a la justicia”, externó Miriam Ayón.