La Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ha concedido una suspensión definitiva que impide la disposición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este fallo contradice la aceptación previa de la Ministra Presidente, Norma Piña Hernández, para destinar estos recursos a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

 

La suspensión bloquea la extinción y entrega de los fondos, en discrepancia con el acuerdo previo entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Piña Hernández del pasado 31 de octubre. En esa fecha, se había aceptado la propuesta de destinar los fondos de los fideicomisos a la ayuda y defensa de los afectados por el huracán.

 

En respuesta a esta situación, la diputada morenista Julieta Andrea Ramírez Padilla expresó su descontento a través de sus redes sociales. Acusó al Poder Judicial de cambiar de opinión después de haber llegado a un acuerdo, describiendo el cambio de postura como una puñalada por la espalda.

 

Ramírez Padilla señaló que los jueces y magistrados se ampararon para no perder sus privilegios, destacando que actúan como "juez y parte". Enfatizó que, a diferencia del caso de un ciudadano común, el proceso se resolvió rápidamente para proteger los intereses de los propios jueces y magistrados.

 

La diputada también hizo hincapié en que, ante la desaparición de fideicomisos, 50 Senadores del PRIAN impugnaron la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto, según ella, evidencia la rapidez con la que se resuelven asuntos cuando están en juego los privilegios de los legisladores.

 

En el contexto de este acontecimiento, Ramírez Padilla hizo referencia al año 2024 como el momento en que buscarán implementar un plan C. Argumentó que la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de recursos, particularmente en relación con los "guardaditos", justifica la búsqueda de alternativas para evitar situaciones como la presente.