En el contexto de la movilidad, diversas personas han optado por solicitar amparo desde su país de origen con el fin de obtener un respaldo legal que les permita desplazarse sin restricciones en México. Esto busca evitar la aplicación del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Migración Nacional, el cual establece que, al detectar la falta de documentos que acrediten la situación migratoria regular de una persona extranjera en el territorio nacional, se la pondrá inmediatamente a disposición del Instituto para resolver su situación migratoria.

 

“En noviembre tan solo en Baja California, se notificó de 10,000 amparos, lo cual al final del día nos tiene a nosotros como autoridad atados de manos; la mayor parte de estos procesos provienen de nacionalidades asiáticas y de Sudamérica y son a través de despachos jurídicos de Veracruz, Tabasco, principalmente del centro de la república, que se aprovechan de las personas que saben que vendrán para poder cruzar, vendiéndoles el documento desde 500, 1000 hasta 2000 dólares”, señaló David Pérez Tejada, titular del Instituto Nacional de Migración en Baja California.

 

 

Desde el desayunador Salesiano, Claudia Portela comentó que, aunque el albergue que dirige brinda apoyo a personas en situación de calle y en contexto de movilidad, ha observado pocos casos de migrantes que cuentan con amparo. No obstante, destacó que esta medida constituye una vía para salvaguardar los derechos de los migrantes, asegurándose de que no sean víctimas de irregularidades por parte de las autoridades encargadas de garantizar la integridad de quienes llegan a nuestro país.