Fernanda Olguín, integrante del colectivo Desérticas, que apoya a mujeres víctimas de violencia, denunció la falta de vinculación a proceso por parte de la Fiscalía de Baja California en casos de violencia vicaria. Olguín expuso que no se han brindado los elementos necesarios para valorar y diagnosticar el impacto psicológico en las víctimas, tanto en las mujeres como en los hijos, lo que dificulta el proceso legal y la justicia en estos casos.

La violencia vicaria se refiere al uso de los hijos por parte de la pareja o ex pareja como medio para dañar psicológicamente a las mujeres, ejerciendo control y perpetuando la violencia. Sin embargo, según Olguín, la falta de instrumentos adecuados para medir este tipo de daño ha llevado a la reclasificación de estos delitos por parte de la Fiscalía. En lugar de ser tratados como casos de violencia vicaria, se están reclasificando como retención o sustracción de menores, o como violencia familiar, lo que, en consecuencia, impide el ejercicio de la acción penal.

"Esto niega el acceso a la justicia a las víctimas, dejándolas en un estado de mayor vulnerabilidad. Es decir, el delito va escalando. ¿Qué quiere la Fiscalía? ¿Qué quiere el Estado? ¿Que tengamos niños asesinados o madres que se suicidan?", cuestionó Olguín, señalando que la falta de instrumentos para medir el daño impide la creación de protocolos de atención adecuados.

Ante esta situación, el colectivo presentó un escrito dirigido a diferentes autoridades, incluyendo a la gobernadora del estado, los tribunales y el Congreso de Baja California, con el fin de hacer visibles las omisiones de la Fiscalía en el tratamiento de estos casos. El documento destaca la urgencia de contar con herramientas especializadas para evaluar el daño psicológico y establecer procedimientos claros que brinden justicia a las víctimas de este tipo de violencia.

Uno de los casos que ejemplifica esta problemática es el de Daniel Lizardi, quien se identificó como víctima de violencia vicaria. Lizardi señaló que tanto ella como su familia han sido violentadas por su ex pareja, pero la Fiscalía determinó no ejercer acción penal en su caso, reclasificándolo como retención de menores. Para poder demostrar el daño psicológico que ha sufrido, Lizardi tuvo que pagar a un perito independiente, quien realizó un estudio psicológico y confirmó la afectación emocional derivada del conflicto.

Este caso resalta la carencia de mecanismos institucionales para atender de manera integral las denuncias de violencia vicaria, dejando a las víctimas sin acceso a una verdadera justicia. Las autoridades, según el colectivo, deben implementar medidas urgentes para abordar este tipo de violencia, garantizando el acceso a herramientas de diagnóstico que permitan proteger a las mujeres y a las infancias afectadas.

El reclamo de los colectivos y las víctimas continúa siendo la creación de protocolos específicos para la atención de la violencia vicaria y el reconocimiento de este tipo de abuso como un delito que requiere acciones penales adecuadas para evitar su escalada. La falta de acción por parte de la Fiscalía pone en riesgo a las víctimas, perpetuando un ciclo de violencia que exige soluciones inmediatas.