Cuando un empresario del sector comercial acude a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para solicitar la instalación de un medidor de agua, no recibe un catálogo de opciones, ni una lista de proveedores acreditados. Recibe una dirección, un nombre y una instrucción tácita: vaya con ellos. El “ellos” al que se refiere el personal del organismo es Gestión Hídrica Integral, una empresa privada que, en los hechos, se ha convertido en la única vía para cumplir con ese trámite.

Lo que no se dice es que la empresa pertenece a Gonzalo López López, exdirector de la CESPT. El mismo que renunció en febrero de 2022 tras atropellar a una mujer de 64 años mientras conducía un vehículo de lujo, valuado en más de un millón de pesos, propiedad de un proveedor del organismo. El mismo que dejó su cargo bajo una nube de cuestionamientos éticos y administrativos.

Pese al escándalo, la relación entre López y la CESPT no terminó ahí. Más bien, pareció transformarse en algo más rentable: una alianza silenciosa pero efectiva, donde su empresa se convirtió en el único proveedor al que se canaliza a los usuarios comerciales e industriales que necesitan instalar medidores.

Antes, el propio organismo adquiría los dispositivos, absorbía el costo y los instalaba como parte del servicio. Pero esa política cambió. Nadie sabe cuándo exactamente, ni bajo qué criterios. Lo que sí está claro es que ahora, los usuarios deben comprarlos por su cuenta, y la única alternativa “sugerida”, más bien impuesta, es Gestión Hídrica Integral.

Este esquema contrasta con los anuncios hechos por el propio organismo en 2023, cuando presumió la adquisición de 53 mil medidores con una inversión de 95 millones de pesos, en conjunto con la CONAGUA a través del programa PRODDER. Fue, según datos oficiales, la mayor inversión de los últimos 14 años en infraestructura hídrica, y permitió sumar un total de 73 mil aparatos comprados entre 2022 y 2023. Sin embargo, esta inversión se destinó mayormente al sector doméstico o a reemplazos de dispositivos obsoletos, sin que eso cambiara el esquema impuesto al sector comercial e industrial.

“No nos dan opción. Nos mandan directo con ellos. Todos sabemos que es del exdirector, pero nadie dice nada”, comenta un empresario del sector restaurantero, quien pidió el anonimato para evitar represalias. Su molestia no es solo por el costo más alto que el de mercado sino por la falta de transparencia. “¿Por qué solo esa empresa? ¿Dónde está la licitación? ¿Quién supervisa?”

Las preguntas no tienen respuesta. Marco Antonio Barraza Diarte, subdirector comercial de CESPT, responsable directo de esta área no atiende a medios sobre esta cuestión.  Tampoco hay información pública que justifique la exclusividad de este proveedor, ni documentos que acrediten una licitación, un convenio oficial o una evaluación técnica de precios y calidad.

La discrecionalidad es la regla. Y en esa opacidad, la empresa del exdirector ha florecido. Lo que debería ser una prestación sujeta a competencia abierta, con mecanismos claros de acceso y regulación, se ha convertido en un negocio privado que opera a la sombra de la institución que alguna vez encabezó su dueño.

El caso no solo expone una posible colusión entre un exfuncionario y la actual administración, sino también un patrón de impunidad. Porque más allá del accidente que lo obligó a renunciar, Gonzalo López parece haber conservado algo más valioso que su puesto: el control de una necesidad básica convertida en oportunidad de negocio.

Mientras tanto, los usuarios no tienen más que una puerta. Y detrás de esa puerta, una sola empresa.